Autoridades detectan más de 471 mil fallecidos con servicios médicos facturados por $2,3 billones en el sistema de salud de Colombia

Gracias a un informe técnico y financiero elaborado por la Adres se reveló que entre 2018 y 2023 se registraron más de 471 mil personas fallecidas que, según las bases oficiales del sistema de salud, habrían recibido servicios médicos posteriores a su muerte.

Este balance, muestra de la corrupción, fue elaborado en cumplimiento de los Autos 007, 089 y 504 de 2025 de la Corte Constitucional.

De acuerdo con esos hallazgos, las atenciones suman un valor total de 2,3 billones de pesos, lo que evidencia graves inconsistencias en la información reportada por las EPS y posibles pagos indebidos con recursos económicos de todos los colombianos.

El análisis se basó en el cruce de la Base de Datos Única de Afiliados, Bdua, y la Base de Prestación de Servicios (Suficiencia), ambas fundamentales para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Entre 2018 y 2023, 471.480 personas registradas como fallecidas en la Bdua aparecen con servicios reportados después de su defunción.

Por eso, el monto total desviado a los bolsillos de particulares asciende a 2,3 billones de pesos, y solo en 2021 se concentró el 30 por ciento del valor, con 699.480 millones de pesos, es decir, dinero público que se perdió.

El régimen contributivo representó el 52 por ciento del gasto total, mientras que el régimen subsidiado concentró la mayoría de los casos.

De acuerdo con los reportes de Adres, los descubrimientos se presentan en el marco de las órdenes de la Corte Constitucional, que ha solicitado al Gobierno mejorar la depuración de datos y fortalecer los mecanismos de auditoría en el uso de la UPC al interior de las entidades que presta el servicio de la salud.

También la Adres identificó que la mayoría de los registros corresponden a servicios reportados entre los 2 y 30 días después del fallecimiento, un rango que concentra el 68 por ciento de los casos.

El caso más extremo, detectado en este informe, corresponde a una persona afiliada a Coosalud EPS, con servicios reportados 26 años después de su fallecimiento. Este tipo de anomalías sugieren rezagos graves en los procesos de actualización de la Bdua y la interoperabilidad con la Registraduría Nacional.

De igual manera, el informe evidencia una alta concentración de registros en pocas entidades. Sura EPS lidera con 50.404 personas fallecidas y 684.969 millones de pesos reportados; le siguen Compensar EPS con $418.970 millones y Savia Salud EPS con 261.580 millones de pesos.

Por tipo de servicio, el 70 por ciento de las actividades correspondió al ámbito ambulatorio, aunque el 84 por ciento del valor total se concentró en servicios hospitalarios como hospitalización, cirugías y atención en Unidades de Cuidado Intensivo, UCI.

El documento registra un contraste entre número de casos y valor económico. Mientras la mayoría de personas fallecidas concentran atenciones de bajo monto, existe una franja reducida con valores muy altos por caso.

Además, la Adres documentó situaciones que exceden cualquier margen razonable de error por parte de las EPS. Entre 2018 y 2023 se identificaron 29 personas con servicios registrados más de 20 años después de su fallecimiento, y otras 4.666 con atenciones posteriores a un año o más, estableció el informe

Estos descubrimientos, que abarcan tanto regímenes contributivos como subsidiados, evidencian un problema estructural en la actualización y cierre de las novedades de afiliación dentro del sistema que actualmente funciona, afectando así la calidad de la información que genera la atención de los pacientes.

También, el informe registró 67 personas fallecidas con más de 2.000 actividades reportadas en un solo año, lo que refuerza la sospecha de inconsistencias masivas en el proceso de consolidación y envío de la información por parte de algunas entidades. En varios de estos casos, el volumen de servicios alcanzó niveles que, de ser ciertos, implicarían una frecuencia imposible de atención médica.

De igual forma, la entidad encontró 28 personas fallecidas con valores anuales superiores a los 500 millones de pesos en servicios reportados, un patrón que sugiere irregularidades significativas en la facturación y la validación de los datos previos al pago de la UPC.