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Formulan cargos contra el alcalde de Riohacha, La Guajira, por presuntas irregularidades. Esto se sabe
Los cargos son para el actual alcalde y ara el exalcalde de Riohacha.
Por presuntas irregularidades en la puesta en marcha, el Sistema Integral de Acueducto y Alcantarillado formuló pliego de cargos contra el actual alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, y el exalcalde, Juan Carlos Suaza Móvil, quien fungió en el cargo en el período del año 2018-2019.
Según el ente de control se pudo establecer que, aun cuando las obras de construcción del acueducto y alcantarillado para el corregimiento de Camarones fueron terminadas y entregadas a satisfacción desde el 14 de noviembre del año 2018, estas nunca habrían sido puestas en funcionamiento por el alcalde del momento ni por su sucesor.
Y lo más grave es que ni siquiera parece que se pudieran poner a funcionar a partir de ya, pues con el paso del tiempo se han ido deteriorando y están siendo desmanteladas por delincuentes.
“Se constató que la geomalla textil de las lagunas de oxidación de la PTAR había sido hurtada y que la maleza estaba invadiendo la obra, de lo cual obran fotografías en el expediente”, asegura el auto en uno de sus apartes.
José Ramiro Bermúdez Cotes es investigado por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad, y el pasado 26 de abril el órgano de control había suspendido al funcionario por un término similar, medida cautelar que fue enviada en consulta a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, instancia que confirmó la decisión adoptada.
“Al verificar el estado de las obras construidas, estas no están prestando ningún servicio a la comunidad. Se evidenció que las obras fueron entregadas, pero no se les tiene garantizados la operación y mantenimiento, lo que pone en riesgo la funcionalidad y la sostenibilidad del proyecto”, agrega el documento.
De acuerdo con la Procuraduría, las obras objeto de la investigación disciplinaria fueron financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, con un presupuesto superior a los 11 mil millones de pesos.
Desacuerdo entre Petro y procuradora por suspensión del alcalde
El pasado 26 de abril el órgano de control había suspendido al funcionario por un término similar, confirmado por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.
El presidente Petro aseguró que, en la medida que la decisión desconocía la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no la cumpliría.
“El presidente observa con preocupación que la medida cautelar de la suspensión provisional de un funcionario electo popularmente autorizada en la ley colombiana y ordenada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción no reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes”, dice parte del texto.
“Mientras ostente la calidad de alcalde del Distrito de Riohacha tiene la facultad de participar en la actividad contractual y la función de celebrar negocios jurídicos de cualquier tipología, en los cuales podría vulnerar los principios que rigen la contratación estatal”, aseguró.
Igualmente, el Ministerio Público agregó que hasta el momento no se han aportado elementos probatorios “que permitan desvirtuar los presupuestos procesales exigidos”.
La procuradora general, Margarita Cabello, dijo enérgicamente que “la democracia se respeta, gústenos o no nos guste”, al referirse a la decisión del presidente.
Señaló, además, que la Corte Constitucional avala “la investigación, el juzgamiento y la sanción” contra servidores elegidos con votos, “con la ratificación propia del Consejo de Estado”.
