En Colombia no hay ni acaparamiento ni desabastecimiento de medicamentos. Lo que ocurre hoy en el país con el sistema de salud, llevado a la peor crisis en los últimos 30 años, es la puesta en escena anunciada un año atrás por el presidente Gustavo Petro tras el hundimiento en el Congreso de la República del polémico proyecto de reforma a la salud.

Así lo indicaron expertos y actores del sistema, recordando cuando un año atrás el Mandatario indicó, a través de su cuenta en la red social X, que: “El Gobierno asume su función constitucional de reordenar el sistema de salud”, poco después de archivada la iniciativa. “Ahora, nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación, ahora es de golpe”.

La muerte por asfixia del sistema, explica el docente y analista Diego Javier Sánchez, “empezó con la decisión, como retaliación al archivo del proyecto, de intervenir la EPS Sanitas un día antes de la votación en el Senado. Y el mismo 3 de abril, cuando se hundió la reforma en la Comisión Séptima, se interviene la Nueva EPS”.

“En menos de 48 horas cumplieron el sueño de estatizar el sistema y quedaron administrando la salud de más del 60 % de los colombianos, alrededor de 30 millones de personas, y terminaron improvisando y culpando a los demás de su propio fracaso. Porque la plata la tiene el Gobierno y quienes más afectados están por la falta de medicinas y tratamientos, un año después de la intervención, son los propios afiliados a las EPS intervenidas por orden del Gobierno”, señaló Sánchez.

Ante la falta de estrategias claras, indicaron los expertos, la manera en la que el Ejecutivo intenta ocultar sus malas decisiones es insultando y responsabilizando de la crisis a los demás actores de la cadena de la salud y de suministros médicos, con lo que aleja la posibilidad de una salida a la situación que, temen, no le interesa buscarla.

Pero para todos los actores, incluso para el mismo Gobierno, el diagnóstico es claro y es que se reventó el modelo financiero por dos razones: las deudas acumuladas año a año y una UPC (pago que hace la Nación cada año por cada paciente) ordenada por el presidente Petro para el 2025 muy por debajo de las necesidades reales.

De acuerdo con Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, la asociación que agremia a las EPS en el país, “el desfinanciamiento afecta a toda la cadena de actores en el sector y quienes lo pagan con deficiencia en el servicio son los pacientes, los más importantes en medio de esta coyuntura”.

“Nosotros hemos insistido en que los recursos no están alcanzando y prueba de ello es que la Corte Constitucional ha dado la orden de hacer una revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Está situación está probada técnicamente por la siniestralidad, que alcanza el 107 %. Es decir, en términos sencillos, de cada $ 100 que le entran al sistema, se gastan $107″, explicó la directiva de Acemi.

Por su parte, Ignacio Gaitán, presidente del gremio de laboratorios farmacéuticos (Afidro), señaló que hay que romper el mito: “Aquí no estamos hablando ni de escasez ni de falta de medicamentos, nada de eso está pasando en el país. Uno puede fácilmente monitorear en el Invima y darse cuenta de que en Colombia los medicamentos están disponibles. Aprovecho este espacio en El País para dejar claro que estamos es frente a un desfinanciamiento estructural del sistema de salud”.

“Es doloroso ver a los pacientes colombianos en esta situación. Los gestores farmacéuticos están teniendo problemas de cartera, se estima que hay una deuda por $ 4 billones y eso deriva en que dejan de entregar oportunamente los medicamentos a los usuarios de algunas entidades”, dijo.

La búsqueda de culpables

Lejos de reconocer alguna decisión errática que ahondara la crisis de la salud que vive hoy el país, el presidente Petro insistió en responsabilizar a las EPS y amenazó en el último consejo de ministros con liquidarlas.

“La norma dice: ‘se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores; esa es la liquidación”, aseguró el Mandatario colombiano al instar a las EPS a pagar las deudas que tienen con clínicas y hospitales. Más de un centenar de EPS han sido intervenidas por el Gobierno en los últimos años.

Al respecto, la presidenta ejecutiva de Acemi explicó que la norma señala que las intervenciones son una medida que busca mejorar los indicadores financieros y de salud de las EPS. “Sin embargo, eso no está ocurriendo con ninguna. Le doy un dato: las EPS intervenidas ya tienen un detrimento en sus patrimonios que, agregado, supera los $ 9 billones. Sin mencionar que históricamente las intervenciones no han demostrado poder recuperar la viabilidad de las entidades”.

“Hoy el Gobierno, a través de las intervenciones, administra la salud de 29 millones de colombianos. Esto es más de la mitad de todos los afiliados al sistema de salud y esta semana así lo confirmó la Superintendencia de Salud en el Consejo de Ministros”, indicó.

También culpó el Presidente de esta crisis a los gestores de salud por acaparamiento y anunció supuestas denuncias contra Audifarma por la no entrega de la medicina a quienes la necesitan: “El que hace eso premeditadamente es un asesino, por razones políticas y de codicia, pero es un asesino; y antes de que me den el golpe de Estado, hay que poner procesos judiciales contra los asesinos”.

“Uno cómo acapara un activo que, primero, almacenarlo es complicado. Almacenar medicamentos es peligroso porque hay que tener en cuenta temperaturas, cadenas de frío, etc. Y, segundo, cuando tienes problemas financieros, como tiene el sistema, en donde hay una cartera superior a los 200 días, no es negocio para nadie acaparar medicamentos. Yo me resisto a creer que haya algún actor del sistema de salud que no quiera que les lleguen los medicamentos a los pacientes”, respondió el presidente de Afidro.

Agregó que: “Cuando vimos lo que pasaba en Cali, el análisis que hacíamos en varios medios es que al final, cuando no hay recursos, el flujo se rompe. Y lo voy a mostrar de manera muy didáctica: aquí hay unos laboratorios que yo represento, que venden unos medicamentos a los gestores farmacéuticos y estos, a su vez, les entregan a los operadores logísticos y luego ellos a los operadores del sistema. Entonces, cuando no hay recursos, se empieza a romper toda la cadena y el más afectado es el paciente”.

La ecuación es sencilla, asegura el analista Diego Javier Sánchez: “Imagínese que usted tenga una empresa de logística y tiene unos carros en los que transporta medicamentos; ¿y si no le pagan, qué hace?: No transporta. ¿Y si al dueño del producto no le pagan?: No lo entrega. Nadie trabaja gratis ni a pérdida, por más que lo amenacen”.

Frente al anuncio de que el Gobierno no tiene deudas con las EPS, coinciden los consultados en que son verdades a medias. Están pagando este año lo poco que se anunció como incremento, pero se tienen deudas anteriores.

Pero si hay algo peor que la crisis, dicen, es que haya un Gobierno que no quiere negociar, que tilda a todos de ladrones y que está aumentando la desconfianza entre todos los actores.