Exclusivo: esta es la peor crisis del sistema de salud en los últimos 30 años; “están condenando a la gente a muerte”

Tres semanas después de haber sepultado a su hijo, Juan Manuel Villamil, de 10 años, Luz Ángela Parra recibió el anuncio de que ya estaba autorizado el Clobazam, el medicamento que llevaba semanas esperando mientras la salud del menor mostraba un claro deterioro.

Padecía la enfermedad de Gaucher tipo 3, una condición que le producía convulsiones constantes, además de afecciones en la piel y daños cognitivos que desencadenaron su muerte el pasado 22 de septiembre.

Dos meses atrás había enfrentado una situación similar la familia de Daniela Gallego, diagnosticada con leucemia y que estaba a la espera del medicamento Cidofovir para combatir un virus adicional que reducía aún más su expectativa de vida. El medicamento estaba desabastecido y cuando llegó ya Daniela estaba en coma.

También llegó tarde el correo por el que esperaba Heidy Pulido para recoger el medicamento Topiramato para continuar con el tratamiento de epilepsia convulsiva en su hija de 4 años. Tras un mes sin recibir la dosis, la niña falleció dos semanas antes de que le pudieran suministrar la droga.

Juan Manuel, Daniela y Valentina son el rostro de la grave crisis por la que atraviesa el sistema de salud en Colombia y que, aunque no existen cifras concretas, está dejando efectos devastadores en la salud y la vida de pacientes, sobre todo, con enfermedades huérfanas, crónicas o de alto costo.

Ya lo había advertido la Procuraduría General de la Nación a mediados del 2023 cuando señaló que podría venirse “un posible aumento de muertes por escasez de medicamentos en el país” y del que serían responsables el Ministerio de Salud y el Invima por no tomar las medidas necesarias para evitar el desabastecimiento.

“Se prevé un incremento en los perfiles de morbimortalidad de la población perjudicada con la escasez de dichos medicamentos, con afectación de los derechos fundamentales a la salud y a la vida, y con perjuicio de la economía de las familias al incrementar el gasto de bolsillo”, aseguró entonces la delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, Diana M. Ojeda.

Para el Ministerio Público era inminente la escasez de más de 1.200 medicamentos indispensables para tratar enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades huérfanas, epilepsia, trastornos mentales, anticoagulantes y VIH, además de algunos analgésicos, anticonceptivos y antibióticos.

Aunque reconoce que las barreras de acceso a la salud en el país son históricas, Diego Fernando Gil, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, advierte que la situación empeoró en los últimos dos años, “con el agravante de que estas barreras de acceso en pacientes con este tipo de condiciones generan, en muchos casos, daños irreversibles”.

“Cuando a un paciente con una enfermedad huérfana o enfermedad rara se le suspende un medicamento o un tratamiento, eso le genera unas consecuencias; no es solo decir que en dos semanas o un mes retomamos, no. Hay pacientes que cuando reanudan el tratamiento, porque se lo vuelven a entregar, no responden de la misma forma y por eso hablo de daños irreversibles. El deterioro sigue avanzando y se pone en riesgo su vida porque ese medicamento, que era el único para su condición, ya no le sirve y está condenado a morirse”, explica Gil.

Lo preocupante es que cada vez son más comunes las filas de pacientes o familiares por todo el país intentando reclamar alguna medicina sin que reciba respuesta, o las denuncias o tutelas de personas que llevan semanas sin recibir tratamiento y esperan que sea un juez quien les resuelva.

Cali es justamente una de las ciudades del país que registra uno de los porcentajes más altos en el incremento de quejas o reclamos por el no suministro de medicamentos a pacientes por parte de alguna EPS.

Un lugar común

En la mañana del pasado 17 de diciembre, cuando más de un centenar de personas aguardaba apenas un turno para reclamar medicinas, que en muchos casos no se entregaron por escasez de productos, un grupo de usuarios no soportó más la situación e inició una protesta frente a un dispensario del barrio Calima y bloqueó la vía para el paso de vehículos.

Gesler Montenegro aseguró que llevaba “cuatro meses sin tomar medicina para la presión, llegué a hacer fila a las 4:00 de la mañana para supuestamente alcanzar turno, estoy recién operado, y me dicen que no alcancé el turno. Este es un punto de entrega de medicamentos nuevo pero ha sido un desastre porque yo reclamaba en Cruz Verde y ahí no había problemas”, asegura.

Alejandro Bohórquez es usuario de Plan Complementario de Salud, pero eso tampoco ha sido garantía para que le suministren los medicamentos por su problema de diabetes e hipertensión. “Desde la 1:00 de la mañana son 200 0 300 personas haciendo cola para reclamar una ficha y luego resulta que no tienen medicamentos, que se lo envían luego o que regrese después”.

Lo que evidencia esta situación, según el docente y analista Diego Javier Sánchez, es la crisis financiera sin precedentes que atraviesa el sistema de salud en Colombia y que es responsabilidad del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y el Invima, que es la entidad que debe garantizar existencias y registros de medicamentos que demandan los pacientes.

“El gobierno de Gustavo Petro prefirió intervenir las EPS antes que solucionarles el problema económico que atravesaban por el no giro de los recursos para garantizar la correcta atención a los usuarios. Más de la mitad de los colombianos está en las EPS intervenidas y resulta que administradas por el Gobierno están peor que cuando decidieron intervenirlas con excusas absurdas para estatizar la salud; hoy se están pagando con vidas humanas las consecuencias”, explica.

Las cifras de la propia Superintendencia de Salud dejan en evidencia la crisis en la que se encuentra el sistema. Uno de los casos más gráficos de esa situación se lee en las cifras de Cali. La ciudad registró en el mes de enero del 2024 un total de 6.739 reclamos por la mala atención en salud y la cifra fue aumentando mes a mes hasta alcanzar los 12.424 casos en el mes de octubre. Un aumento del 84% en la cifra de reclamos, pese a que no todo el mundo denuncia su situación.

“El déficit acumulado de los últimos tres años por el mal cálculo de la UPC ya asciende casi a $13,5 billones y no podemos seguir perpetuando esa crisis”, considera Diego Fernando Gil.

Uno de los primeros en denunciar desde el Congreso de la República carteles de medicamentos y la situación grave del suministro de drogas en el país fue el representante a la Cámara por el Valle del Cauca Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U e integrante de la Comisión Séptima, donde se discuten los temas de salud.

De acuerdo con el congresista vallecaucano, en el país se han presentado casos de escasez de medicamentos, pero la situación que se está viviendo hoy es muy distinta.

“Si hoy no hay entrega de medicamentos a los pacientes es porque los señores de la Adres, que administra los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, no están girando los recursos. Y la gente sale y acusa a Audifarma y a los gestores farmacéuticos y resulta que es que las empresas no pueden entregar más medicamentos porque no les han pagado”, denuncia Salcedo.

“Mire lo que está pasado con Audifarma, en reorganización por cuenta de una situación crítica en Colombia. Yo denuncié desde el Congreso que los pagos a estas empresas gestoras farmacéuticas se les está haciendo a 360 días. Entonces no hay medicamentos porque no paga la Adres ni responde el Ministerio de Salud”, señala.

De acuerdo con el representante Salcedo, “están condenando a la gente a muerte. Yo tengo un caso de una señora que hace dos meses no le suministran la insulina. Hay pacientes que no pueden esperar; ¿imagínese una persona a la que le hacen diálisis? Primero se intoxica y se muere antes de que le solucionen su problema”.

Una radiografía a lo que ocurre con la salud de los colombianos se advierte claramente en la carta de la Asociación de Hospitales Públicos relatando la crisis por la que atraviesan; o los 37 hospitales públicos de Antioquia que advirtieron su cierre y solo abrirían puertas a atención de urgencias, o la carta de los hospitales del Valle con denuncias similares ante una deuda del Gobierno que supera los $2 billones.

“Mientras el Gobierno no gire los recursos va a colapsar el sistema. Es el famoso ‘chu chu chu’ del que hablaba el Presidente. ¿Qué empresa a la que le deben $30.000 o $40.000 millones y que la tienen al borde de la quiebra va a seguir entregando medicamentos?”, se pregunta Víctor Manuel Salcedo.

El famoso “dominó” de Petro

Si yo quisiera acabar con las EPS, ¿sabe qué hago?, dijo el presidente Gustavo Petro a comienzos de año, “No presento el proyecto y dejo que pase lo que está pasando. Entonces, chu, chu, chu... eso es un dominó (...). EPS quebrada, los afiliados tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae, y todos esos afiliados tienen que pasar a la que quede. Esa se cae. No es sino esperar”, dijo, y así parece que está ocurriendo.

Una estrategia de acorralamiento, como advirtieron los especialistas en salud, para asfixiarlas y llevar, tal como lo estaba proponiendo el presidente Petro, a que el Estado tomara el control absoluta del sistema.

Son dos las formas que tiene el Gobierno Nacional para garantizar el suministro de medicamentos a los pacientes en el país: el primero, es la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con la que se financia más del 91% de medicamentos, atenciones y tecnologías en salud. El segundo, son los llamados recursos de los Presupuestos Máximos (PM) en el que recae el otro 9% de las atenciones. En cualquiera de los dos casos, los giros los hace el Estado a las EPS y ambos se encuentran desfinanciados.

El 6 de junio pasado, Alfredo Carvajal escribió una columna en El País, titulada ‘Petro logró estatizar la salud’, en la que describía que ante la negativa del Senado a su reforma a la salud, Petro decidió implementarla a su manera “y estableció el pago directo a los prestadores de servicios de salud desde el Adres y asfixiar a las EPS financieramente, congelando el valor de la UPC (...) en otras palabras, les congeló el precio de sus servicios y no se modificaron sus obligaciones.

“Ahora el gobierno es el dueño de la inmensa mayoría de las empresas prestadoras de salud y su responsabilidad es atender a millones de pacientes por el mismo valor de la UPC que se les pagaba. Si el costo es muy superior, ¿por qué no se accedió a la petición de las EPS de aumentar el valor de la UPC?”, se preguntó Carvajal.

De acuerdo con Diego Fernando Gil, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, “uno esperaría como ciudadano que esas intervenciones hubieran servido para mejorar los indicadores operativos y financieros de cada entidad, y se viera reflejada la intervención del Gobierno en mejorar la atención que requieren los ciudadanos, pero ha sido todo lo contrario y la salud financiera de estas instituciones cada vez va en declive”.

El Gobierno es consciente de la grave crisis que atraviesa la salud en el país y que es necesario inyectar recursos para garantizar el suministro de medicamentos y el tratamientos a los pacientes, pero esa decisión, dicen expertos consultados, no puede demorar más tiempo porque con el paso de los días serán muchos más los Juan Manuel, Valentina o Daniela y empezarán las personas más vulnerables a pagar, incluso, con sus vidas, por una decisión que no admite demoras.

“Aquí los que hay que hacer es adoptar medidas urgentes para solucionar el déficit financiero de UPC y presupuestos máximos, que es esa realmente la causa raíz de gran parte de lo que está sucediendo”, concluye Gil.