Dueños de perros enfrentan multas de más de $700.000 por incumplir estrictas normativas

La tenencia de perros catalogados como “potencialmente peligrosos” está sujeta a estrictas normas dentro de conjuntos residenciales.

Pues los propietarios que no cumplan con estas disposiciones enfrentarán sanciones de hasta $711.750 en 2025, además del posible retiro del animal.

Según se conoce, la medida busca garantizar la seguridad y una convivencia armónica en las zonas comunes de propiedad horizontal.

Sobre la normativa

Con el aumento de mascotas en entornos urbanos, especialmente en conjuntos residenciales, la normativa colombiana ha establecido medidas específicas para prevenir incidentes que puedan comprometer la seguridad de los habitantes.

La Ley 746 de 2002 y el Código Nacional de Policía fijaron pautas claras sobre la tenencia responsable de animales, poniendo especial atención en aquellos considerados de manejo especial o potencialmente peligrosos.

En este sentido, el artículo 108F de la mencionada ley establece que los propietarios deben restringir adecuadamente a sus perros cuando circulen por zonas comunes.

Lo mencionado, incluye el uso obligatorio de correa y bozal para evitar comportamientos agresivos o ataques inesperados hacia personas o incluso otras mascotas.

¿A qué razas aplica?

Dentro de la categoría de perros “potencialmente peligrosos” se encuentran razas como:

• Pitbull terrier
• Rottweiler
• Dóberman
• Bullmastiff
• Dogo argentino
• Fila brasileiro
• Staffordshire terrier

Sin embargo, la norma también aplica para aquellos caninos que, sin pertenecer a estas razas, hayan mostrado comportamientos agresivos en el pasado o hayan sido adiestrados con fines de defensa o ataque.

El enfoque no solo se basa en la raza, sino también en el historial de comportamiento del animal, buscando evitar situaciones que puedan poner en riesgo a niños, adultos mayores u otros residentes.

Sanciones económicas y medidas adicionales

Ahora bien, el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en una sanción económica significativa.

Para el presente año, la multa alcanza los $711.750, correspondientes a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMMLV).

Además del pago económico, las autoridades están facultadas para separar al animal de su dueño si este representa un peligro y no se garantiza un control adecuado sobre su comportamiento.

Esta medida no solo busca castigar, sino también fomentar una cultura de prevención y respeto por las normas de convivencia en espacios compartidos.

Por otro lado, aunque las copropiedades no pueden prohibir directamente la tenencia de mascotas, sí tienen la facultad de regular su comportamiento dentro de las instalaciones.

Cada conjunto residencial debe contar con un reglamento de convivencia que, entre otras cosas, detalle las condiciones en las que se permite el tránsito de animales por las zonas comunes, siempre en concordancia con la legislación nacional.