Defensoría del Pueblo pide celeridad en el cumplimiento de Convención de Ottawa para eliminar las minas antipersonal

En el marco del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el Vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina Palacios, hizo presencia en un foro convocado por la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.

En medio de su intervención, el Vicedefensor habló sobre la urgencia de avanzar en la implementación completa de la Convención de Ottawa, que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, y establece su destrucción. “Cumplir esta Convención es una condición esencial para garantizar los derechos de las comunidades y transformar los territorios históricamente afectados por la violencia”, aseguró.

El funcionario añadió que “el desminado humanitario ha sido reconocido expresamente como una línea prioritaria dentro de las gestiones humanitarias que lidera la Defensoría, en cumplimiento de su mandato constitucional de protección y defensa de los derechos humanos”.

Las zonas más afectadas

Los cinco municipios de Colombia con mayor número de víctimas entre 1990 y la actualidad son: Tumaco (Nariño) con 403 víctimas, Vistahermosa (Meta) con 369, Tame (Arauca) con 350, Tarazá (Antioquia) con 278 y San Vicente del Caguán (Caquetá) con 275, según cifras proporcionadas por Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA).

Por otra parte, los cinco departamentos con mayor cantidad de víctimas por minas antipersonal desde 1990 hasta la actualidad son Antioquia, con 2675; Nariño, 1156; Meta, 1153; Norte de Santander, 973; y Caquetá, 954.

En medio de este espacio se anunció la expedición del Protocolo de Gestiones Humanitarias, una herramienta de la entidad para establecer el marco de actuación institucional ante las situaciones de privación de libertad, desplazamiento forzado, confinamiento y otras afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo la contaminación por artefactos explosivos.

Dicho foro fue un espacio de diálogo acerca de los retos pendientes en el desarrollo de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado colombiano en materia de desminado humanitario, así como sobre los impactos que estos artefactos siguen generando en la vida, la movilidad y la dignidad de las personas.

La Defensoría del Pueblo reiteró “su respaldo a las comunidades víctimas del conflicto armado y su apuesta por lograr ser territorios seguros, libres de minas y llenos de oportunidades para la vida en paz. En ese sentido hizo un llamado urgente a todos los actores del conflicto para abolir esa práctica como solicita el Derecho Internacional Humanitario”, concluyó la entidad a través de un comunicado.