Defensoría del Pueblo: El Catatumbo padece la emergencia humanitaria más grande desde que hay registro en Colombia

En medio de la presentación del informe “El Catatumbo en crisis: desafíos en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario”, la Defensoría del Pueblo detalló que esta región está en un escenario de intensificación de la disputa territorial.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló en el Catatumbo se están utilizando métodos de guerra no convencionales, confinamientos, desplazamientos masivos y restricciones a la movilidad.

“Los escenarios planteados reflejan una tendencia clara hacia la intensificación del conflicto armado en el Catatumbo. Pese al despliegue militar en el marco del estado de conmoción interior, persiste una limitada capacidad de contención efectiva del conflicto”, detalló la Defensoría en su informe.

El informe revela que la confrontación bélica entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc derivó en un escalamiento sin precedentes del conflicto armado interno. La respuesta del Estado, incluida la declaratoria de conmoción interior, no ha logrado contener las agresiones ni garantizar plenamente los derechos de la población civil.

Debido a esto, la Defensoría pidió a las instituciones del Estado avanzar en la caracterización de las víctimas, dar atención social y humanitaria, y fortalecer la acción de la Fuerza Pública, garantizando siempre el respeto al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.

Además, recomendó Garantizar la educación para la infancia y juventud, especialmente en las comunidades indígenas; activar las rutas de protección para firmantes de paz, líderes sociales, defensores de derechos humanos y víctimas de trata, adoptar el Pacto Catatumbo articulado al estado de conmoción y el Plan Nacional de Desarrollo, apoyar a la Fiscalía General en investigaciones y judicialización de los responsables.

El Catatumbo exige atención urgente. Entre enero y abril de 2025, se ha recrudecido la violencia con cifras alarmantes.

Según las cifras del PMU de la Gobernación de Norte de Santander, las cifras más altas durante la crisis humanitaria son: 117 muertes violentas, 32 personas lesionadas, 64.783 personas desplazadas y 12.913 personas confinadas.

Escenarios en riesgo

En su informe, la Defensoría reveló tres escenarios de riesgo para quienes habitan en el Catatumbo. El primero de ellos es la intensificación de la disputa territorial, siendo los municipios de Tibú y El Tarra los que tienen el más alto nivel de violencia.

A lo que se suma la consolidación del ELN en Ocaña, Convención y Sardinata, para ejercer control social, además del riesgo de ingreso a la zona del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el cual podría expandir su operación militar desde el sur del Cesar, Bolívar y el Magdalena Medio al Catatumbo.

Dentro de los hallazgos alarmantes declarados por la Defensoría se encuentra el uso de drones explosivos, minas antipersonal y armamento en inmediaciones de escuelas y zonas pobladas.

Además de violencia sexual, trata de personas y trabajo forzado, con al menos 62 mujeres denunciantes, y la existencia de “campos de resocialización” usados por grupos armados no estatales.

Además comprobaron la persistencia del reclutamiento de menores de edad, en donde 42 niñas, niños y adolescentes fueron desvinculados entre enero y febrero pasados.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado a todos los actores del Estado, a la cooperación internacional y a la sociedad civil, para que redoblen esfuerzos para prevenir nuevas crisis y garantizar los derechos fundamentales de las comunidades del Catatumbo.