Corte remitió a la Fiscalía la indagación contra Uribe por masacres del Aro y La Granja

La Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía la indagación previa contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja; y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle.

La Sala Especial de Instrucción tomó esta decisión debido a que el expresidente renunció a su condición de congresista, lo que hizo que la Corte perdiera la competencia para investigarlo por estos casos.

El alto tribunal investigaba al exsenador por presunta conformación, promoción o financiación, a mediados de los años noventa de una estructura armada organizada al margen de la ley, en el nordeste antioqueño.

Según el documento de la Sala, dicha estructura, al parecer, utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque (Antioquia), de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época, y que, al parecer, cometió ataques contra la población civil del municipio de San Roque, entre ellas, las masacres ocurridas el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996.

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Del mismo modo, la Fiscalía tendrá en su poder información sobre la presunta intervención de Uribe Vélez, en su condición de gobernador de Antioquia, en las agresiones de que fue víctima la población civil de Ituango (Antioquia), que se han denominado 'Masacre de la Granja', ocurrida en el corregimiento del mismo nombre, el 11 de junio de 1996.

Igualmente, la Masacre de El Aro, en el corregimiento que lleva ese nombre, entre los días 22 y 31 de octubre de 1997. En ese mismo contexto sucedieron otros crímenes como fueron el secuestro de diecisiete personas, el incendio de la mayoría de las viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de un número importante de residentes de Ituango.

Sumando a ello, el alto tribunal también remitió información sobre el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, abogado, concejal del municipio de Ituango para la época de los hechos y defensor de Derechos Humanos, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín.

"Esta determinación se adoptó por unanimidad en razón a que la Sala Especial de Instrucción no encontró reunidos los requisitos señalados en el parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política para continuar conociendo de este asunto, de ahí que, por competencia, lo remita al Fiscal General de la Nación", señaló el documento.