Como si se tratara de un déjà vu’: Colombia ha vuelto a vivir el terror de los años 80 y 90

El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, los discursos de odio en medio de la polarización política del país, el fortalecimiento de los grupos armados con dinero del narcotráfico, la consolidación de los carteles de la droga y los ataques terroristas en Jamundí y Cali regresaron a Colombia a la época más oscura de su historia.

La escena dramática de los escoltas intentando auxiliar a Miguel Uribe en una plaza pública en el barrio Modelia trajo a la memoria ese 18 de agosto de 1989 cuando fue asesinado en una tarima en el municipio de Soacha el dirigente liberal Luis Carlos Galán Sarmiento.

También la persecución y captura del menor de 15 años de edad por una calle en Bogotá recuerda a Bayron de Jesús Velásquez, con 18 años recién cumplidos, cuando es alcanzado y detenido en agosto de 1984 luego de asesinar al ministro de Defensa Rodrigo Lara Bonilla.

Los años 80 y 90 quedaron marcados como el periodo de los magnicidio porque además de Galán y Lara Bonilla fueron asesinados los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos de la Unión Patriótica; Carlos Pizarro, del M-19, y el excandidato y dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

La violencia en general en Colombia, que tiene también expresiones de naturaleza política, de acuerdo con el analista y politólogo Fernando Giraldo, es el reflejo estructural de una sociedad que no logra superar un precario orden político basado en instituciones difusas y poco transparentes o que tienen poca o una frágil legitimidad democrática que no está al servicio de igual manera para toda la comunidad nacional.

“Yo creo en ese sentido que, en parte, la violencia que estamos viviendo es algo así como un lugar recurrente de otras épocas que han sido difíciles; pero en parte también son esas épocas que vienen porque hay una situación en todos los países, sin excepción, donde la violencia es un elemento de expresión en la lucha por el poder”, subraya Giraldo.

Las décadas de finales del Siglo XX dejaron también a cientos de dirigentes políticos y sociales asesinados o desaparecidos, y decenas de periodistas amenazados y asilados.

Las denuncias en los medios de comunicación se convirtieron en una amenaza para los sistemas de poder y en medio de esa percepción las alianzas criminales acabaron con la vida del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, en diciembre de 1986; el director de Opinión del diario El País, Gerardo Bedoya, en marzo de 1997, y el periodista y humorista Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999, entre muchos otros.

Pasos hacia atrás

Pero no es solo en seguridad que el país ha vuelto a vivir épocas aciagas del pasado. De acuerdo con analistas consultados, son muchos los factores sociales que se han descuidado en estos últimos años y que han propiciado el fortalecimiento de estructuras criminales que encuentran en comunidades vulnerables el insumo humano necesario para fortalecer sus ejércitos.

Definitivamente el país viene en un marcado retroceso en muchos ámbitos, incluyendo el de la seguridad, pero es en sí una sumatoria de todo, explica el analista Diego Luis Sánchez.

“Hemos retrocedido en la economía, retrocedimos en el crecimiento, en el empleo, en la asistencia en servicios de salud y cada vez hay circunstancias más precarias, lo que hace que la sociedad y sus actores más vulnerables se pongan precisamente a disposición o estén mas cercanos a entrar en estas actividades ilícitas que llevan a las confrontaciones, que llevan a la marginalidad, que llevan a la división de la sociedad, que llevan a los odios y nuevamente a la violencia”, señala Sánchez .

Infortunadamente, aseguran los expertos, lo que ocurrió con el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es una situación que se puede repetir en cualquier momento con los candidatos, especialmente, de una línea ideológica de derecha.

Entendido esto, dicen, en el temor de que a Colombia regrese un gobierno de derecha que ataque decididamente el narcotráfico y busque la recuperación de esas ‘repúblicas independientes’ en las que se han consolidado el control territorial de los grupos armados ilegales durante el gobierno de Gustavo Petro.

Inteligencia de la Policía ha anunciado que existen amenazas directas en contra de precandidatos presidenciales, señala el analista y politólogo Jorge Luis Yarce, “básicamente todos aquellos que están alineados en el espectro político de derecha como una manifestación directa del riesgo que existe del retorno de una derecha, quizá muy consolidada, para la lucha contra el narcotráfico y contra los grupos armados ilegales”.

“Seguimos en unas circunstancias que ponen en riesgo la vida de los candidatos a la Presidencia, pero particularmente los de centro derecha porque hay unas condiciones generales de seguridad precarias no solo para los precandidatos en sus esquemas, sino en general a nivel territorial, lo que limita y condiciona el ejercicio de la democracia”, agrega Yarce.

No en vano, entre las hipótesis que manejan las autoridades por el atentado sicarial contra el precandidato presidencial del Centro Democrático hay una que apunta a alianzas criminales entre carteles de la droga con grupos armados ilegales y sectores políticos.

Terrorismo urbano

Los atentados terroristas del pasado martes, en los que la disidencias de las Farc se ensañaron contra las estaciones de policía en Meléndez, Manuela Beltrán y Los Mangos, en la capital del Valle del Cauca, son también un retrato del actuar del extinto narcotraficante Pablo Escobar cuando presionaba con carrobombas en Cali, Medellín y Bogotá decisiones de gobierno para su interés particular.

Una forma de doblegar el Estado, dicen algunos de los analistas consultados, muy similar a lo que estamos viendo hoy en Colombia con la llamada paz total del gobierno de Gustavo Petro “que terminó silenciando los fusiles de las Fuerzas Armadas en detrimento de la seguridad del país y el fortalecimiento y mayor control territorial de los grupos armados al servicio del narcotráfico”, según Diego Luis Sánchez.

“Aquellos que se han beneficiado con el deterioro en la seguridad territorial y la presencia de actores rearmados y nuevos actores en los territorios asociados a los procesos del narcotráfico, son quienes tienen interés hoy en la campaña a la Presidencia de la República porque ven o auguran el ascenso de un gobierno de mano firme que afecte las economías criminales”, subraya el analista.

Tras el pedido de no revelar su identidad, uno de los congresistas del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, reconoce que el Gobierno ha fallado en algunos aspectos que amenazan hoy la continuidad de un gobierno progresista por otros cuatro años más.

“Definitivamente existe una responsabilidad directa del Gobierno con lo que ocurre porque en el ejercicio de los procesos en el marco de la política de paz total se dejaron de hacer operaciones militares, de inteligencia, control territorial, se retiró del servicio a oficiales y suboficiales de experiencia y se limitaron las capacidades de la Fuerza Pública”.

“Hay muchas circunstancias que se sumaron un poco por la desidia del Gobierno, y lo digo con tristeza porque se permitió el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, que pudieran reorganizarse, expandirse y que la política de paz total abriera la puerta al surgimiento de nuevos actores armados dentro del territorio”, indicó a fuente.

Un panorama que, dicen los analistas, apunta a que lo que vivió Colombia la semana anterior no será un hecho aislado y que la historia que creímos superada de los años 80 y 90, pueda repetirse en el marco de esta campaña presidencial.