Ha pasado siempre: los menores de edad en Colombia son reclutados por los grupos armados ilegales, llámese guerrilla, paramilitares, carteles de la droga o pandillas, para cometer delitos. El atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, a manos de un menor de 14 años, se suma a una larga lista de tragedias que ha llorado el país. La diferencia, quizá, es que desde hacía tres décadas un niño no era inmiscuido en un intento de magnicidio.

El caso más reciente fue el del precandidato presidencial Bernardo Jaramillo, asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el 22 de marzo de 1990. Su verdugo fue un menor de 14 años, Andrés Arturo Gutiérrez Maya, quien quedó en libertad tras el crimen, pero fue asesinado meses después. Es el destino de la mayoría de los menores que los grupos armados inmiscuyen en la violencia: podrán ganar dinero, podrán tener poder, pero todo ello es efímero; casi nunca llegan a los 25 años de vida.

A Carlos Pizarro, también precandidato presidencial, por ejemplo, lo asesinó un jovencito que fue entrenado por los paramilitares. Se llamaba Gerardo Gutiérrez Uribe, quien fue hasta el baño del avión que acababa de despegar rumbo a Barranquilla, tomó una metralleta y disparó. Los escoltas de Pizarro lo mataron en el acto.

Seis años antes, en 1984, el narcotraficante Pablo Escobar ordenó asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Los pistoleros fueron dos jovencitos: Byron de Jesús Velásquez, de 19 años, quien manejó la moto desde donde dispararon, e Iván Darío Guizado Álvarez, el parrillero que apretó el gatillo. Los contrataron por $2.000.000. Les adelantaron $20.000. Y les dijeron, a secas, que tenían que “asesinar a un señor de un Mercedes blanco que se había robado 4 kilos de coca”. Los engañaron. No tenían ni idea de quién era Rodrigo Lara Bonilla. Es un asunto recurrente: los grupos armados se aprovechan de la inocencia y, muchas veces, de la ignorancia de los menores.

El reclutamiento se mantiene hasta hoy; los menores o son seducidos en las filas de las guerrillas, como está sucediendo en el Cauca con las comunidades indígenas, o en pandillas para expandir el microtráfico de drogas, o en oficinas de cobro. ¿Qué hacer?

Política pública de prevención

María Isabel Gutiérrez es la directora del Instituto Cisalva, de la Universidad del Valle, una entidad que ha estudiado la violencia en Cali. Una de las características de los niños o adolescentes que reclutan en los grupos armados, explica, es que por lo regular están solos: vienen de familias disfuncionales, cuyos padres no hacen presencia, y además no cuentan con otras redes familiares o comunitarias donde apoyarse.

“Son muchachos con demasiados factores de riesgo que los hacen vulnerables. No tienen ni oportunidades de estudio, tampoco de empleo. Son jóvenes a los que nunca, para citar un caso, su familia les ha celebrado un cumpleaños. Si no hay una red de cuidado de esos jóvenes, programas de atención que se mantengan en el tiempo, vamos a seguir viendo casos como el del menor que atentó contra Miguel Uribe”, explica María Isabel.

Hace unos años, durante la alcaldía de Maurice Armitage, Cisalva lideró un programa de atención en Cali llamado TIP, Jóvenes Sin Fronteras. El objetivo era prevenir la violencia juvenil, evitar que los muchachos se inmiscuyeran en pandillas o sacarlos de las mismas, mientras construían un proyecto de vida. Tras 18 meses, se logró una disminución del 80 %, a corte del año 2018, de los homicidios entre jóvenes pandilleros. En total, se salvaron 315 vidas, y varios de los integrantes del programa hoy son referentes en sus comunidades, después de ingresar a la universidad, trabajar en empresas o iniciar emprendimientos.

El problema fue que la siguiente alcaldía, la de Jorge Iván Ospina, no continuó el programa e inició uno nuevo. Es frecuente que suceda: como aún prevenir la violencia no es como tal una política pública, sino que depende del enfoque o las ideas del mandatario de turno, no hay continuidad en los procesos. Además, estos programas se utilizan en ocasiones para pagar favores políticos, por lo que ponen en ellos a personas que no están capacitadas para liderarlos.

“Es lo que pasa en Colombia. Cada cuatro años se acaba lo que ha funcionado para prevenir la violencia y el reclutamiento, y el alcalde o presidente de turno llega con nuevas cosas. No hay continuidad a lo que venía, no se tienen en cuenta las experiencias previas que han funcionado. Así lo hemos visto en Cali y en Bogotá”, agrega María Isabel.

Carlos Charry es doctor en sociología y director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario. En su concepto, lo que el país debe hacer para prevenir el reclutamiento de menores es aumentar la presencia del Estado.

Lo demostró el Acuerdo de Paz: con la negociación y la llegada del Estado a sitios donde no hacía presencia, hubo una disminución del reclutamiento. Sin embargo, en los últimos cuatro años, el fenómeno se ha incrementado.

“Donde hay presencia del Estado y, además, comunidades organizadas, cohesionadas, una red de cuidadores, es más difícil que los tentáculos de las organizaciones criminales lleguen a nuestros menores”, opina Charry, quien enseguida agrega que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es un gran ejemplo de lo que debe hacer el país para prevenir el reclutamiento.

Para el sociólogo, es evidente que la falta de continuidad en los programas de prevención de la violencia juvenil es determinante en el aumento del reclutamiento. El PAE, en cambio, es una política pública que trasciende alcaldes y gobernadores. Todos, no importa su ideología política, deben garantizar que los menores de colegios públicos tengan alimentación de calidad. Ese mismo camino se debe seguir en el caso de los menores que son reclutados por los grupos armados: establecer una política pública en esa dirección que obligue a los mandatarios a ejecutarla y a darle prioridad.

“El PAE es una muestra de que sí se puede hacer planeación e intervención social, más allá de una alcaldía o dos”, comenta Carlos Charry.

Es, en parte, lo que se intenta hacer desde el programa Transformando el Círculo de la Violencia, del Hospital Universitario del Valle, en Cali.

Allí se les ofrece una oportunidad de formación y empleo a los muchachos que llegan heridos por arma de fuego o cortopunzante, para que no salgan a la calle con deseos de venganza, sino con el convencimiento de seguir otra vida.

La idea es replicar el programa en otros hospitales de la ciudad y la región; que sea una respuesta integral de Cali y el Valle a la violencia y al reclutamiento de menores. Pero hasta el momento, replicar el programa no ha sido posible. No como se espera. Se requieren recursos.

“En nuestra experiencia con el Programa de Prevención de la Violencia en el HUV, hemos identificado factores clave que explican por qué los jóvenes son vulnerables a actores violentos. Para empezar, buscan seguridad, reconocimiento. Muchos niños se encuentran muy solos. Buscan un entorno seguro y donde sean vistos y valorados. Esta necesidad de pertenencia los hace vulnerables a redes violentas que ofrecen, aunque sea de forma ficticia, un sentido de familia, protección y reconocimiento”, explica Jaime Arley González Arias, coordinador del programa.

Jaime también advierte que la desconfianza de los menores hacia las instituciones del Estado es otro factor de riesgo. Los niños y jóvenes no confían en la Alcaldía, la Policía. Muchas veces han sido rechazados o ignorados por quienes debían protegerlos.

“Y tienen tiempo libre sin orientación y exposición a riesgos. Están desocupados la mayor parte del tiempo. En ese tiempo libre sin alternativas significativas, frecuentan espacios donde hay consumo de sustancias y presencia de actores violentos. Estos entornos se convierten en escuelas de violencia”, agrega Jaime, quien recomienda escuchar a los menores, ampliar la presencia de adultos significativos en la vida de los jóvenes, crear entornos protectores en los barrios, no solo dentro de las instituciones, y asegurar que el tiempo libre se convierta en tiempo formativo.

“La prevención del reclutamiento no se logra solo con prohibiciones o controles. Se logra ofreciendo a los jóvenes alternativas reales: relaciones seguras, oportunidades de participación, espacios donde puedan expresar lo que sienten y piensan, y acompañamiento para construir un proyecto de vida. Esto último es muy importante: la continuidad en los acompañamientos da confianza. Si no, pasa lo de siempre, programas de dos meses que los abandonan, así como otras personas en sus vidas”, agrega Jaime Arley González Arias.

La pediatra social Ángela García, que maneja el programa de Pediatría Social del HUV, hace una última recomendación: no son pocos los menores reclutados que provienen de familias donde han sido expuestos de forma directa o indirecta al maltrato infantil. “Necesitamos familias que los amen, que no los maltraten y que no los pongan en las manos de los delincuentes.”