Corte Suprema condenó a 22 años de cárcel al exgobernador de La Guajira, por millonario desvío de dinero

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este viernes al exgobernador de La Guajira Jorge Eduardo Pérez Bernier, a una pena de 22 años de prisión por su responsabilidad en actos de corrupción.

El caso de corrupción está relacionado con un contrato adjudicado durante su administración entre 2008 y 2011 sin estudios técnicos ni criterios de transparencia.

Según el fallo judicial, Pérez Bernier impulsó y suscribió el contrato No. 770 de 2009 con la Unión Temporal del Norte, pese a las múltiples irregularidades detectadas desde la fase precontractual hasta su ejecución.

La Corte concluyó que se omitieron estudios de impacto, licencias ambientales, análisis técnicos y la verificación de la experiencia del contratista.

Las pruebas recogidas durante el proceso evidenciaron la vulneración de principios esenciales de la contratación pública como la transparencia, la planeación, la selección objetiva y la responsabilidad fiscal. Las omisiones facilitaron el desvío de más de $24.000 millones mediante sobrecostos, subcontrataciones y operaciones ficticias.

Además de la pena privativa de la libertad, la Sala impuso al exgobernador una multa equivalente a 45.341 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 270 meses y 8 días, y la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.

El alto tribunal negó la solicitud de suspensión condicional de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria, ordenando la captura inmediata del exfuncionario.

La Corte consideró probado que Pérez Bernier actuó de forma consciente y deliberada para facilitar el apoderamiento de recursos públicos que estaban destinados a mejorar la infraestructura educativa en La Guajira.

“Sus decisiones estuvieron guiadas por la intención deliberada de dañar la administración pública que debía proteger”, señala el fallo

La sentencia destaca que no se trató de errores técnicos ni de simples omisiones, sino de decisiones reiteradas que perjudicaron los recursos destinados a la educación de niños, niñas y adolescentes en uno de los departamentos con mayores índices de pobreza del país.

“Con la imposición de la sanción, la Sala propende a restablecer el orden alterado y sentar un precedente que alerte a quienes ejercen cargos populares y ostentan responsabilidades de compromiso al patrimonio público, para que actúen conforme al ordenamiento”, señaló el fallo, que advierte sobre la gravedad de las conductas que afectan directamente a la población más vulnerable.

Con información de Colprensa.