Contraloría alertó sobre los riesgos en caso de finalizar el contrato para la restauración del Canal del Dique

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reiteró este jueves 24 de abril, su advertencia sobre los riesgos fiscales, sociales y ambientales que implicaría una terminación anticipada del contrato para la restauración del Canal del Dique.

Y es que con unas declaraciones que brindó directamente desde el Canal del Dique en Cartagena, el contralor habló sobre todos los puntos relacionados con el proyecto de restauración en la zona.

Declaraciones de Rodríguez

Según indicó, en caso de finalizarse el acuerdo sin culpa del concesionario, la Nación debería pagar $ 434.000 millones sin haber recibido la restauración de ecosistemas ni las obras proyectadas.

Y es que durante una visita de seguimiento a las advertencias emitidas en noviembre de 2024, la Contraloría advirtió que casi 200.000 hectáreas de 19 municipios y un millón y medio de personas quedarían desprotegidas frente a posibles inundaciones durante épocas de lluvias intensas si el proyecto no avanza.

Adicionalmente, se agudizaría la degradación ambiental por el ingreso descontrolado de sedimentos a ciénagas, caños y las bahías de Cartagena y Barbacoas.

Rodríguez Becerra señaló que “aunque estos riesgos fueron oportunamente alertados y advertidos por la Contraloría, creemos que todavía pueden ser adecuadamente gestionados y resueltos”, por lo que propuso avanzar hacia una modificación contractual que permita iniciar la etapa de construcción.

Cabe destacar, que la Contraloría planteó cuatro caminos que pueden, según ellos, contribuir a destrabar el proyecto. Las alternativas propuestas son:

• Formalizar mediante una modificación contractual el Estudio de Impacto Ambiental ordenado por la ANLA.
• Revisar la exclusión de algunas unidades funcionales del licenciamiento ambiental.
• Agilizar la aprobación del estudio requerido por la autoridad ambiental.
• Garantizar el cumplimiento de requisitos técnicos, sociales y prediales para iniciar obras.

Además del costo por una eventual terminación anticipada, están en riesgo los $ 213.000 millones previstos para gestión social, institucional y ambiental en los municipios del área de influencia del canal.

Rodríguez también advirtió que se podría perder la inversión de cerca de $ 11.000 millones en el desarrollo de las 17 consultas previas ya realizadas con comunidades locales.

Pues según el organismo de control, otra de las preocupaciones es que el costo no previsto inicialmente de nuevas consultas previas, necesarias para completar el trámite ambiental, podría ascender a $ 300.000 millones.

Finalmente, la Contraloría insistió en la necesidad de una gestión coordinada y oportuna entre las partes involucradas, para evitar perjuicios fiscales y sociales y garantizar el cumplimiento del contrato, el cual fue declarado de importancia estratégica para la Nación.

Con información de Colprensa y redacción El País