Campos de reclusión en El Catatumbo por disidencias de las Farc: Human Rights Watch revela en un informe

En medio de encrudecimiento de violencia que presenta la región de El Catatumbo (Norte de Santander), por la presencia de grupos armados, los cuales se disputan el territorio y en medio de sus enfrentamientos, infligen miedo a la población civil, secuestran a personas e incluso han asesinado a líderes sociales y firmantes de paz.

No obstante, frente a las preocupantes cifras de personas afectadas, ahora se suman denuncias de la existencia de lugares de concentración donde secuestran a las personas para realizar trabajos forzados. De acuerdo con la organización Human Rights Watch (HRW), esta reveló las preocupantes acusaciones sobre la existencia de “campamentos de resocialización” en la región.

Según testimonios recopilados en su más reciente informe, las disidencias del Frente 33 de las FARC habrían establecido estos sitios para castigar a quienes consideran colaboradores del Ejército o infractores de sus normas.

HRW advirtió que el Frente 33 habría aprovechado el cese al fuego decretado en el marco de la política de “paz total” del Gobierno en el 2024 para afianzar su control sobre las comunidades, los cuales a través de la construcción de infraestructuras como puentes, centros de salud y escuelas, buscan legitimarse ante la población.

“Los entrevistados nos dijeron que el Frente 33 utilizó el cese al fuego y el anuncio de los planes conjuntos de desarrollo local para ampliar su control sobre las comunidades. Muchos nos contaron que el Frente 33 tiene lo que describen como “campamentos de resocialización”, donde las personas que consideran que han infringido sus normas (por ejemplo, consumiendo drogas o apoyando al Ejército) son obligadas a realizar trabajos forzados”, informó la entidad.

Uno de los sobrevivientes relató a la organización que fue llevado a uno de estos campamentos para ser investigado por haber compartido un video de un helicóptero militar en WhatsApp. Durante su cautiverio, él y otras 27 personas fueron obligadas a realizar trabajos como cortar caña de azúcar desde las 4:00 a.m. hasta las 6:30 p.m. Además, denunció la ejecución de una pareja, “los mataron delante de todos y nos hicieron enterrarlos”, detalló la víctima, quien afirmó que los armados también ejercen violencia sexual contra mujeres y niñas en ese campamento.

Además, frente al control que ejercen sobre la población, los líderes sociales deben acogerse a sus órdenes o son asesinados.“El 17 de enero, hombres armados asesinaron a Pedro María Ropero, un líder del corregimiento de Campo Seis, en Tibú. Un testigo dijo que Ropero se había opuesto a la creación de una nueva Junta de Acción Comunal en su corregimiento, que estaba siendo impulsada por el Frente 33″, se lee en el informe de HRW.

Por último, pero no menos importante, las cifras oficiales reflejan la grave crisis humanitaria en la zona: según la Gobernación de Norte de Santander, entre enero y marzo de 2025 han muerto al menos 94 personas, de las cuales 81 eran civiles, 6 firmantes del Acuerdo de Paz, 4 menores de edad y 3 líderes sociales. Además, más de 59.000 personas han sido desplazadas forzosamente debido al conflicto.