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Admiten demanda contra el Estado por riesgo a desabastecimiento de gas y petróleo
El Tribunal de Cundinamarca investigará la gestión de los recursos naturales por parte del gobierno y el impacto en la sostenibilidad energética.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda contra varios ministerios y entidades del Estado, interpuesta en respuesta a la preocupación por el riesgo de desabastecimiento de petróleo y gas en Colombia.
La acción popular, presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, busca que se tomen medidas para asegurar la sostenibilidad energética del país, ante el descenso de las reservas de hidrocarburos.
La demanda, aceptada por la Sección Primera del tribunal y bajo la ponencia del magistrado Óscar Dimaté, se fundamenta en informes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que evidencian un alarmante agotamiento de las reservas de petróleo y gas.
Según estos informes, la autosuficiencia de las reservas de petróleo en Colombia se redujo de 7,5 a 7,1 años, mientras que las de gas pasaron de 7,2 a 6,1 años, lo que plantea un escenario preocupante para la seguridad energética del país.
La acción judicial alega que las entidades estatales demandadas, entre ellas el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol S.A., y la Unidad de Planeación Minero Energética, no han adoptado las medidas necesarias para garantizar un manejo adecuado de los recursos naturales.
La demanda también sostiene que la falta de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos ha contribuido al debilitamiento de la estabilidad energética y económica del país.
La Fundación para el Estado de Derecho argumentó que “la acción se dirige a proteger principios como la estabilidad macroeconómica y la creación de políticas de largo plazo que garanticen el bienestar de la población”.
Además, busca la defensa del patrimonio público, el acceso eficiente a los servicios públicos, y la protección de los derechos colectivos relacionados con el uso racional de los recursos naturales.
El magistrado Dimaté otorgó un plazo de diez días a los ministerios y entidades implicadas para responder a la demanda y presentar pruebas que consideren necesarias para su defensa. Esta fase del proceso será crucial para determinar la viabilidad de la acción y sus posibles efectos sobre las políticas energéticas del país.
*Con información de Colprensa.
