Disidencias, en el Cauca, exigen asistir a marchas o pagar $500.000: comunidades, entre la presión y el miedo

En medio de un clima tenso por el aumento de acciones armadas en el Cañón del Micay, se conoció que las disidencias de las Farc, particularmente la estructura ‘Carlos Patiño’, estarían coaccionando a pobladores de municipios como El Tambo y Patía para que participen en movilizaciones contra la Fuerza Pública.

La denuncia, sustentada en informes de inteligencia militar, señala que la compañía ‘Fray León’, bajo órdenes de alias ‘Faiber’, ha ordenado a las comunidades salir a marchar. En caso de no hacerlo, los civiles deben pagar multas que ascienden hasta los $500.000 o realizar trabajos forzados para el grupo armado.

Estas supuestas movilizaciones “espontáneas” en rechazo a la presencia del Ejército no serían producto de una verdadera protesta ciudadana, sino una herramienta de presión ejecutada por los grupos ilegales para deslegitimar la acción estatal en la zona. “La mayoría participa por miedo, no por convicción”, indicó una fuente en terreno.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que alias ‘Faiber’ también estaría detrás de hechos recientes de violencia, como la detonación de una moto bomba en Piedra Sentada, Patía, que dejó un soldado muerto y varios uniformados heridos.

A pesar de sus antecedentes, este cabecilla ha aparecido en actos públicos en la región, como la inauguración de un puente, intentando proyectarse como figura influyente entre la población local.

En paralelo, la Operación Perseo continúa desarrollándose en el sur del Cauca. El Ejército ha identificado como prioridad neutralizar a los responsables de las intimidaciones y garantizar que los civiles no sigan siendo usados como escudo humano o fuerza de presión en escenarios armados.

Además de estas intimidaciones, la región enfrenta secuelas del reciente secuestro de varios militares por parte de habitantes de Argelia, hecho que, según el Ministerio de Defensa, también habría sido instigado por las mismas disidencias.

Por ese caso ya fueron capturadas más de 20 personas, presuntamente involucradas en retenciones ilegales y bloqueos a las tropas.

Las autoridades mantienen la alerta en el Cañón del Micay, una zona estratégica para el tráfico de drogas y corredor natural entre el suroccidente colombiano y el Pacífico. Allí, las disidencias buscan afianzarse mediante una combinación de acciones armadas, control social y manipulación de la protesta.

Por ahora, el desafío es doble, recuperar el control territorial sin exponer a la población civil y desarticular las redes de presión que han convertido el derecho a la manifestación en una obligación impuesta bajo amenaza.