Protestas contra EPS Sanitas: esto es lo que piden los usuarios en el plantón de Tequendama

Un grupo de pacientes de la EPS Sanitas protagoniza un plantón en las instalaciones de la sede Tequendama, en Cali, para exigir el suministro de medicamentos, insumos médicos y la autorización urgente de procedimientos, especialmente para personas con discapacidad múltiple y enfermedades huérfanas.

Reclaman que desde que la entidad fue intervenida por el Gobierno, los servicios que recibían sus hijos y familiares han sido suspendidos o gravemente restringidos.

“La EPS funcionaba, no perfecto, pero funcionaba”

“Estamos exigiendo que se restablezcan los tratamientos, las terapias, los medicamentos, todo lo integral que recibían nuestros hijos antes de que llegara el interventor”, denunció Lina María Arango, vocera de la Asociación Asdesavid, que agrupa a familias con pacientes en condición de alta vulnerabilidad. Según la lideresa, “las IPS han parado los servicios” y la calidad de vida de los usuarios “se ha visto completamente vulnerada”.

Arango afirmó que desde la llegada del actual interventor, a finales de 2024, se tomaron medidas “intransigentes” sin consultar a las familias afectadas: “La EPS no funcionaba perfecto, pero funcionaba (...) Queremos que el interventor nos escuche y sepa que los cambios no se hacen desde un escritorio, se hacen con nosotros que somos los dolientes”.

Durante el plantón también intervino el defensor de derechos humanos Édgar Zúñiga, quien advirtió que hay pacientes con sentencias de tutela a su favor que siguen sin ser atendidos: “La EPS está maniobrando para que se desconozcan las decisiones judiciales (...) Hay incidentes de desacato que no avanzan”.

Según Zúñiga, Sanitas estaría poniendo “más trabas” a la entrega de insumos y tratamientos, en contravía de lo que establece la Constitución sobre el derecho a la salud.

“Hay una paciente con ELA a la que no se le ha cumplido su tratamiento. Lo que exigen es que les cumplan”, explicó Luciano Calderón a El País, veedor y vocero del Movimiento por la Salud en Cali.

Entre los principales problemas señalados están la demora en la resolución de órdenes MIPRES —que deberían responderse en 48 horas y ahora tardan hasta seis días—, la inexistencia de puntos claros de dispensación, la falta de contacto con los dispensarios y retrasos de hasta 15 días en los códigos de autorización para tratamientos.

“No se están respetando las tutelas. Las personas se están deteriorando día a día porque no les entregan sus medicamentos (...) Los interventores nunca han aparecido acá en la ciudad”, denunció.

Además de los pacientes con enfermedades de alto costo, otros como personas con diabetes tampoco están recibiendo insulina a tiempo, dijo. “Estamos solicitando la presencia del interventor de Sanitas. No lo conocemos, nunca ha venido (...) El superintendente vino dos días y tampoco convocó a la asociación de pacientes ni a nosotros”.

Sanitas acumula deudas y enfrenta millonario arbitraje internacional

El mes pasado, la Superintendencia Nacional de Salud informó que la intervención forzosa a EPS Sanitas se prolongará por un año más, al considerar que persisten los incumplimientos normativos en materia financiera y de prestación de servicios.

Sanitas, la segunda EPS más grande del país con más de 5,7 millones de afiliados, fue intervenida el 2 de abril de 2024 en medio del debate nacional por la reforma al sistema de salud promovida por el Gobierno de Gustavo Petro.

La entidad pertenece al grupo español Keralty, que además de operar clínicas propias y servicios de medicina prepagada en Colombia, enfrenta un proceso de arbitraje internacional ante el Ciadi, en Washington. Allí, sus propietarios reclaman una indemnización de 1.200 millones de dólares por lo que consideran una “expropiación indirecta” por parte del Estado colombiano.

En marzo pasado, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reportó que Sanitas es la segunda EPS con mayores deudas en el sistema hospitalario, con una mora que supera los 1,3 billones de pesos, solo superada por la Nueva EPS.

La prórroga de la intervención coincide con la discusión legislativa de una nueva reforma a la salud, ya aprobada en la Cámara de Representantes y que ahora debe ser debatida en la Comisión Séptima del Senado. El proyecto enfrenta resistencias similares a las que provocaron el archivo de la anterior iniciativa hace un año.