La polémica por la elección del nuevo contralor de Cali: denuncias, versiones y aclaraciones

El proceso para elegir al próximo Contralor Distrital de Cali, que estará en el cargo entre 2026 y 2029, ha entrado en el ojo del huracán.

Lo que comenzó como una convocatoria pública adelantada por el Concejo, con apoyo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), derivó en denuncias de presuntas irregularidades, un requerimiento formal de la Procuraduría General de la Nación y un cruce de versiones entre denunciantes y la Mesa Directiva del Cabildo.

Las presuntas irregularidades

La abogada Paola Quiñones, quien ha acompañado a algunos de los aspirantes, denunció que el proceso presenta irregularidades “desde la etapa de convocatoria”.

Según contó, “se violaron los derechos de los aspirantes desde la etapa de convocatoria y evaluación de conocimientos porque el acto administrativo también se publicó sin publicarse previamente el borrador”.

Además, señaló que la prueba de conocimientos aplicada en Cali “presuntamente fue la misma que se realizó en Girón, Santander”.

Según dijo, “esto pone en duda la idoneidad técnica y la independencia del proceso, afectando derechos como el debido proceso, la igualdad, publicidad y transparencia”.

Respecto al caso del aspirante Daniel Silva, a quien no se le permitió presentar la prueba por presuntamente llegar tarde, Quiñones aseguró que “un concurso de méritos no puede cerrarse por unos minutos sin acto formal que fundamente la exclusión”.

También cuestionó la versión del Concejo: “La Mesa Directiva no puede violentar el derecho a la igualdad, porque si se realizan pruebas con una llegada posterior a la hora fijada y al compañero Daniel Silva se le omite la presentación de su prueba, pero sí se le acepta a otras personas que llegaron a la hora posterior, evidentemente hay una violación al derecho a la igualdad”.

La abogada insistió en que el proceso debe ser revisado integralmente: “Solicito formalmente a la Mesa Directiva del Concejo de Cali que acate el exhorto de la Procuraduría y revise en su totalidad el proceso de elección del Contralor, que implica publicar toda la documentación y los contratos suscritos con la Uptc, garantizar la participación ciudadana y comprobar la originalidad de la prueba de conocimientos”.

El requerimiento de la Procuraduría

El 10 de octubre, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, envió un oficio al Concejo de Cali y a la Uptc solicitando información y exhortando a revisar el proceso.

El documento, firmado por el procurador delegado Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, pide aclarar si se publicó el borrador de la resolución de convocatoria, cuál fue el alcance de la participación de la Uptc, y si las preguntas aplicadas en Cali fueron las mismas que se usaron en Girón, Santander.

La Procuraduría advirtió que ejercerá “vigilancia y observación estricta a las decisiones que se tomen sobre el particular” y que cualquier anomalía detectada “podrá dar lugar a investigaciones disciplinarias inmediatas”.

También advirtió que la elección podría ser “objeto de demanda de nulidad electoral ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, si se comprueba vulneración de los principios de transparencia, igualdad y objetividad”.

La posición del Concejo

Desde la Mesa Directiva saliente del Concejo, presidida por Edison Lucumí, se ha defendido la legalidad del proceso.

En una respuesta oficial, Lucumí afirmó que “se ha dado cabal cumplimiento a la norma que lo regula”, y que el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437, que exige a las entidades públicas publicar previamente los proyectos de regulación de carácter general para recibir observaciones ciudadanas antes de su expedición, “no resulta procedente para su aplicación en el proceso de convocatoria pública para la elección de contralores del nivel territorial, en tanto dicho proceso es de estirpe electoral y se encuentra debidamente regulado por normas especiales, como lo son en el artículo 272 de la Constitución Política”.

Añadió que “no existe mérito alguno para suspender o retrotraer el proceso electoral”, pues la convocatoria “se ha promovido y adelantado conforme lo dispuesto en la Constitución y la ley”.

Sobre la contratación de la Uptc, el Concejo explicó que se suscribió el contrato interadministrativo N°100.8.4.767.2025 con una institución pública con acreditación de alta calidad, “experiencia e idoneidad requeridas”, en cumplimiento de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

“La Uptc fue la que presentó y acreditó las mejores condiciones de experiencia en el servicio a contratar”, dijo Lucumí. “Su oferta resultó ser la más favorable y ajustada al presupuesto destinado”.

En cuanto a las garantías del proceso, el concejal aseguró que “la entrevista y la elección de Contralor(a) Distrital se hará en audiencia pública de sesión plenaria del Concejo Distrital, a la cual podrán asistir todas las personas o ciudadanos que así lo deseen”.

Fuentes del Cabildo añadieron que no hay posibilidad de que la prueba se haya fotocopiado o fotografiado, pues no se permite el ingreso de cámaras ni celulares durante el examen, y que el aspirante Daniel Silva llegó al parqueadero de la Universidad Icesi a las 9:00 a.m. del 13 de septiembre. Pero hay discusión porque habría llegado unos segundos después al salón exacto donde estaba citado.

Ana Erazo, segunda vicepresidenta saliente del Concejo, afirmó que este proceso “ha estado acompañado desde el primer momento por la Procuraduría” por solicitud del Cabildo.

La concejala sostuvo que “nos hemos enmarcado en la ley” y el seguimiento del Ministerio Público es bienvenido: “Me parece muy pertinente y, a propósito de los rumores que se están estipulando, sobre todo por parte del alcalde Alejandro Eder y sus equipos, pues es menester que la Procuraduría entre y verifique todo el procedimiento”.

“Si se encuentra alguna irregularidad, actuaremos conforme a ello”, agregó.

Erazo también cuestionó la posible intervención del Mandatario caleño en el proceso: “Querer intervenir en la elección de la Contraloría es sencillamente violar la ley. No podemos permitir que los alcaldes tengan contralores de bolsillo. Le exijo al Alcalde que se aparte de este proceso”.

La terna y lo que sigue

Pese a la controversia, el proceso continúa su curso.

La terna final, entregada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia al Concejo en orden alfabético, está conformada por Gustavo Alberto Barrientos Velásquez, que alcanzó una calificación de 73,50; Ligia Amanda Gallego Blandón, quien obtuvo 81,48; y Diego Mauricio López Valencia, con 78,08 puntos, según los resultados consolidados de la convocatoria pública.

De acuerdo con el cronograma, las entrevistas públicas con los ternados se realizarán en el Concejo caleño, previo a la votación definitiva.

El nuevo Contralor, una vez elegido, será el responsable de vigilar la gestión de los recursos públicos del Distrito, realizar auditorías y promover la transparencia fiscal en las dependencias municipales.

Un proceso que ya tiene ocho tutelas

Hasta la fecha, se han interpuesto ocho acciones de tutela por parte de algunos de los más de 60 aspirantes que participaron en el proceso, aunque cinco ya han sido falladas a favor de la convocatoria, en primera instancia.

La abogada Paola Quiñones advirtió el viernes, en el programa El Péndulo al Aire de El País, que “esto ya da una sensación de inestabilidad institucional”.

Pero Diana Paola Urrego, asesora jurídica del Concejo Distrital de Cali, dijo que el proceso se ha adelantado con “total transparencia y apego a la normativa”, y que existen interpretaciones erradas de la ley.

Entre los reclamos más sonados está el del aspirante Daniel Silva, a quien no se le permitió presentar la prueba de conocimiento por supuestamente haber llegado tarde. Interpuso una tutela para restablecer sus derechos, alegando que llegó a las 9 con 40 segundos, según cámaras de seguridad.