Cuenta regresiva para la firma del convenio de cofinanciación del Tren de Cercanías: ¿lo logrará la región?

El 8 de noviembre es la fecha límite para que el Gobierno Nacional firme el convenio de cofinanciación del Tren de Cercanías del Valle del Cauca, antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías, que prohíbe a las entidades públicas suscribir nuevos convenios durante el periodo electoral.

Si no se concreta antes de esa fecha, el proyecto podría quedar suspendido por más de dos años, según advierten autoridades regionales y gremiales.

En juego está la posibilidad de conectar a Cali con Jamundí, Yumbo y Palmira mediante un sistema férreo eléctrico que transforme la manera en que se mueve la región.

María Fernanda Santa, directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Occidente, es enfática en que “el departamento ya cumplió” y que el único paso pendiente es el compromiso económico del Gobierno Nacional.

“Esperamos que el presidente Petro, que tuvo tanta votación en el Valle del Cauca, apruebe la cofinanciación de este proyecto, porque el departamento está haciendo un esfuerzo grande, lo mismo las alcaldías de Cali y Jamundí, pero falta el 70 %”, señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La mandataria recordó que la primera etapa del tren, entre Jamundí y Cali, está lista para iniciar una vez se garantice la financiación nacional, y reiteró que el proyecto no solo reducirá los tiempos de desplazamiento, sino que será “la primera línea del metro de Cali”, con 21 estaciones y un enfoque ambiental sostenible.

Piden acelerar la firma

El pasado 17 de octubre, la Gobernadora y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, enviaron una carta conjunta a los ministerios de Hacienda y Transporte, así como al Departamento Nacional de Planeación (DNP), solicitando la priorización de los trámites pendientes.

En la misiva advierten que el proyecto podría quedar en pausa hasta mediados de 2026 si no se suscribe antes del inicio de la Ley de Garantías.

“Ya tenemos el proyecto totalmente estructurado, el financiamiento territorial garantizado, los equipos de trabajo dispuestos y el clamor popular de la región para materializarlo”, se lee en la carta firmada por Toro y Eder, quienes piden la pronta expedición del Aval Técnico del Ministerio de Transporte y el Aval Fiscal del Ministerio de Hacienda, requisitos previos al documento Conpes que permitirá la firma del convenio.

La región, lista; la firma, en veremos

Desde el sector privado y gremial, el llamado al Gobierno Nacional es unánime: el Valle hizo la tarea.

“El proyecto tiene su estudio de factibilidad entregado desde hace dos años. Hoy no solamente está técnicamente listo, sino también financieramente en lo que tiene que ver con la región”, dijo María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, organización que ha acompañado la iniciativa desde sus primeras etapas.

“Nuestro objetivo es y debe seguir siendo lograr que el Gobierno firme ese convenio de cofinanciación el 8 de noviembre. Si no es así, tendríamos que esperar a que llegue el siguiente gobierno para firmarlo. La buena noticia es que los estudios no se desactualizan. Lo claro es que la región ha estado lista”, puntualizó Ulloa.

A este llamado se sumó la concejal de Cali Tania Fernández, quien envió un mensaje al presidente Gustavo Petro para que “honre su compromiso”.

La cabildante recordó que el tren fue concebido “como un compromiso de nación, no de gobierno” y subrayó que la región “ha demostrado responsabilidad y gestión, cumpliendo con los estudios, diseños y aportes requeridos. Hoy le corresponde al Gobierno Nacional hacer su parte”.

“Aforar los recursos del Tren de Cercanías sería una señal de coherencia con su discurso de desarrollo regional y justicia social. Cumplir con el Valle es cumplirle al país”, agregó.

La magnitud del proyecto

El Tren de Cercanías del Valle del Cauca representa una inversión estimada de 12 billones de pesos. De ese total, el Gobierno Nacional asumiría el 70% (8,4 billones) y la región el 30% restante, a través de los aportes de la Gobernación y las alcaldías de Cali y Jamundí.

De acuerdo con la Gobernación, la iniciativa generaría más de 14.000 empleos directos e indirectos.

“No es solo una obra de transporte, es un punto de partida para una nueva industria ferroviaria regional. Sería uno de los proyectos de mayor financiación que ha tenido el departamento en años”, señaló María Fernanda Santa, directora de la CCI Occidente.

“Retrasar esta decisión significaría frenar la reactivación ferroviaria del suroccidente colombiano, afectar la confianza de los inversionistas y postergar los beneficios sociales, económicos y ambientales que el Valle del Cauca ya está listo para materializar”, advirtió Santa.

En Cali, el Departamento Administrativo de Planeación confirma que el Distrito tiene aseguradas sus fuentes de financiación. Según el perfil de aportes aprobado en septiembre, los recursos provendrán del cupo de endeudamiento autorizado por el Concejo mediante el Acuerdo 0592 de 2024, para las vigencias 2026 y 2027. Entre 2028 y 2038, la ciudad asumirá su parte con recursos propios.

Además, recordaron que el tren fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’ como un proyecto estratégico de interés nacional.

Para la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), el proyecto reúne todas las condiciones para avanzar.

“No solamente implica una mejora en la calidad de vida por la reducción de los tiempos de viaje, sino también (...) enormes ventajas ambientales”, destacó Rafael Herz, vicepresidente de Estructuración de la FDN.

Desde el Congreso, varios legisladores vallecaucanos también han elevado su voz ante la inminencia del plazo.

El senador Carlos Fernando Motoa recordó que, aunque el Tren de Cercanías fue incluido en el presupuesto regionalizado de 2026, no cuenta con una asignación específica de recursos.

“Es indispensable que el Gobierno Nacional avale el Tren de Cercanías para Cali y los municipios que la rodean antes de que comience la Ley de Garantías, ya que, si la Nación no se compromete, los estudios de prefactibilidad que se realizaron a lo largo de este año se perderán y habrá que comenzar desde cero”, anotó. “Sin mayor compromiso del Ejecutivo, la obra podría peligrar”.

Por su parte, el miembro en la Cámara de Representantes, Christian Garcés fue más crítico: “El Gobierno de Gustavo Petro está buscando todo tipo de excusas técnicas para justificar el no compromiso con las vigencias futuras (...) Pasará a la historia por incumplir todos los compromisos que se hicieron durante campaña o dentro del propio periodo de gobierno, como fue el Tren del Pacífico o el dragado de Buenaventura”.