Construcciones ilegales en La Buitrera son promovidas por el mismo esposo de la corregidora

Por: Hugo Mario Cárdenas López, editor de la Unidad Investigativa

En el documento fechado el pasado 25 de septiembre del 2023, el subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia, y encargado del control de invasiones, César Augusto Lemos, le corre traslado a la corregidora de la Buitrera, Martha Lucía Zorrilla, para que tome acciones frente a las construcciones ilegales en el sector de Villa Carolina e imponga las medidas correctivas necesarias.

Según una visita previa, esas construcciones se adelantan en una zona de regulación hídrica, con riesgo y amenaza de movimientos de masa, que está en suelo de protección forestal y que deben ser recuperadas. Pero inexplicablemente, no hubo respuesta ni acción por parte de la corregidora.

Tampoco la hubo en ocasiones anteriores cuando la comunidad y la autoridad municipal le reclamaron tomar medidas frente a casos como tala de árboles en zona de reserva, quemas que originaron luego enormes incendios, y su tolerancia frente a invasores y construcciones de cambuches y de viviendas sin autorización alguna.

En las visitas a Villa Carolina, los funcionarios de la Alcaldía Municipal se encontraron con que nunca estaban los presuntos dueños de las obras ilegales ni lograban ubicar al propietario de los terrenos, que según documentos conocidos por El País, se trata de José Jair Tabares Medina, esposo de la corregidora Martha Lucía Zorrilla.

Tras varios intentos sin respuesta por vía telefónica y a través de mensajes de WhatsApp por obtener la versión de la corregidora de La Buitrera, se trasladó la consulta al subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia, César Augusto Lemos, para conocer sobre la poca gestión que muestra su despacho en este sector de la ciudad.

“Es una conducta totalmente reprochable desde el punto de vista ético y más aún desde el punto de vista legal. Lo que a nosotros nos compete jurídicamente es trasladarle a la corregidora el informe para que lo conozca y lo que ella debería hacer es declararse impedida para avocar ese proceso, porque tiene que ver con ella y con el esposo que son los dueños de las tierras, para que el caso se le asigne a otro corregidor, pero ella no lo hace”, explica el subsecretario Lemos.

No son pocos los procesos que contra la corregidora Martha Lucía Zorrilla se han denunciado en instancias judiciales y disciplinarias. El personero de Santiago de Cali, Harold Andrés Cortés, indicó que son varios los procesos disciplinarios que su despacho viene adelantando contra la funcionaria y que se encuentran en diferentes etapas.

“Con qué autoridad moral va ir la señora a pedirle a un invasor que se vaya, o a un constructor ilegal que pare las obras, o que no talen, o que no quemen, si es que ella tiene montado casi un condominio al lado de su casa y viene actuando desde su cargo en beneficio propio y el de su esposo”, asegura un exfuncionario de la Secretaría de Seguridad y Justicia que conoció de varias quejas contra la corregidora.

“Lo más curioso es que la señora, en una muestra de autoridad, envió un documento a través de WhatsApp para que la comunidad denunciara a quienes estuvieran vendiendo lotes o construyendo sin permisos y la gente de La Buitrera empezó a mandar fotos de las construcciones de ella, de las que ella misma ha vendido con el esposo, de casas y lotes, y lo que ha dicho es que los negocios del esposo no tiene nada que ver con ella”, indica la fuente.

El País intentó de manera telefónica y a través de mensajes de WhatsApp conocer la versión de la corregidora Martha Lucía Zorrilla, pero al cierre de esta edición no había respuesta alguna por parte de la funcionaria.

Cali, en el peor de los mundo

El caso de la corregidora del sector de La Buitrera no es el único en el que presuntos intereses personales habrían estado por encima del bien colectivo.

La propia Policía Nacional denunció a comienzos del 2022 a la corregidora de El Saladito, Juliana Villalba, por presuntas “irregularidades” en su actuar y trasladó la queja a Procuraduría Provincial y la Personería de Cali.

Según los soportes que sustentan la denuncia, la señora Villalba “valiéndose de su cargo, estaría autorizando la construcción de viviendas sin el lleno de los requisitos correspondientes y estaría tratando de intervenir en procedimientos policiales”.

“Cuando las patrullas en turno del MNVCC realizan algún tipo de aplicación por infracción a la Ley 1801, ha tratado de interferir en ellos para evitar las órdenes de comparendo y/o ante la imposición de los mismos, lanza comentarios un tanto desobligantes y orientados a empañar el procedimiento policial o la institucionalidad en general”, dice el documento firmado por el comandante de la Subestación de Policía de El Saladito.

También ha sido polémica la actuación del corregidor de Los Andes, Diego Fernando Rosero, de acuerdo con los documentos obtenidos por El País.

Según detallan los documentos, el Municipio viene surtiendo el proceso para restitución de un bien de uso público que ha sido invadido en el sector de Mónaco, en la vía a Cristo Rey, proceso que corresponde al corregidor Rosero, quien indicó en una reunión que se iba a declarar impedido para adelantar el proceso “por la amistad que lo vincula” con el invasor.

“Pero tal situación no tuvo ocurrencia y, sorpresivamente, y en contrario sentido con lo dicho y recogido a través de acta, el señor corregidor, sabiendo de tal impedimento, decidió continuar el proceso, citar a diligencia de inspección ocular el 8 de septiembre del 2022 y emitir fallo el pasado 22 de noviembre del 2022 en contra de los intereses de la Alcaldía y a favor de los intereses de las personas de las cuales manifestó su vínculo de amistad”, explica una carta dirigida al secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet.

“En ese caso, el señor no citó a la Alcaldía el día que iba a proferir el fallo y la Administración no pudo impugnar la decisión, por lo que se debió instaurar una tutela para que un juez revierta el enorme daño que el corregidor de Los Andes, con claro interés, le está haciendo al Municipio”, explicó un funcionario de la Secretaría de Seguridad y Justicia. “Lo cierto es que el tema de los corregidores en este periodo ha resultado ser un absoluto fracaso”, agregó la fuente.