Alcaldía de Cali responde a denuncia de presuntas irregularidades en manejo de recursos de la COP 16

Una auditoría de la Contraloría Distrital revelaría presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la Cumbre de Biodiversidad COP16, que se llevó a cabo en Cali en 2024.

El informe del organismo de control hace referencia a 16 hallazgos administrativos, once hallazgos con alcance disciplinario, un hallazgo con posible implicación penal, y otros cuatro hallazgos con impacto fiscal.

Según el documento que hizo público la concejal Ana Erazo, el organismo de control revisó una muestra de contratos y habría identificado posibles irregularidades por más de 462 millones de pesos, en convenios celebrados por distintas secretarías de la Administración Distrital.

“Graves faltas, recursos embolatados y otra promesa ambiental que terminó en puro humo. Solo cámaras y tarimas”, cuestionó la cabildante Erazo por medio de su cuenta de X.

Puntualmente, las entidades involucradas en los contratos que figuran en el informe son la Secretaría de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.

Entre los hallazgos reportados por la Contraloría se encuentran contratos que no tendrían relación directa con la COP16, dotaciones compradas y no entregadas, además de estudios que habrían sido contratados sin cumplir requisitos mínimos.

La autorización de pagos sin la exigencia de certificados de seguridad social y las exoneraciones de impuestos y estampillas sin justificación son otras de las presuntas irregularidades, según dice el organismo.

Desde la Alcaldía de Cali indicaron a El País que varios organismos de la Administración Distrital “están revisando con detenimiento el informe entregado por la Contraloría, con el mayor respeto institucional y dentro del marco legal correspondiente”.

De ese modo, se espera que cada una de las dependencias mencionadas en el informe “estudie detalladamente los hallazgos y ejerza su derecho a la defensa ante las instancias correspondientes, según lo determine cada caso”.

“El Dagma presuntamente operó como una máquina de contratación sin norte, sin objetivos claros y sin mecanismos mínimos de verificación o control”, aseguró la concejal Ana Erazo, quien evidenció irregularidades como la contratación de un profesional por 46 millones de pesos, según el informe de auditoría.

Otros dos profesional habrían sido contratados por una suma de 97 millones de pesos, pero, al parecer, no existirían evidencias que respalden el cumplimiento de sus funciones durante la COP16.

En contraste Mauricio Mira, director del Dagma, se refirió a las presuntas irregularidades que, según el ente de control, se evidenciaron en la contratación de algunos profesionales durante la COP16.

“En el Dagma se realizó una gestión de vigilancia y control de la ejecución de los contratos de prestación de servicios que coadyuvaron a la celebración de la COP16. Cada uno de los expedientes contractuales contiene todos los informes de las actividades detalladas y las evidencias correspondientes”, respondió Mira al ser consultado por El País.

Con respecto a los criterios que tuvo en cuenta la entidad para la contratación de los profesionales, el Director del Dagma aseguró que se verificó la idoneidad y experiencia de cada perfil, teniendo en cuenta que requerían profesionales con conocimientos técnicos focalizados en medio ambiente, además de otros requisitos.

La realización de la COP16 en la capital vallecaucana implicaba que los profesionales contratados dominaran un segundo idioma “y que cumplieran además con todos los requisitos jurídicos que se requerían, según la normatividad”, detalló Mira.

Las presuntas irregularidades

El informe también expuso que la exsecretaria de Desarrollo Económico de Cali habría contratado un estudio por $600 millones para evaluar el impacto de la COP16; sin embargo, no se habrían cumplido requisitos mínimos como certificados contractuales.

“El estudio debía incluir una caracterización del perfil de turistas y visitantes, pero no se entregaron los soportes que acreditaran ese trabajo. Básicamente, no hicieron la tarea: contrataron un estudio que no fue supervisado y que, al parecer, se pagó sin los debidos soportes”, aseguró Erazo.

También la Secretaría de Gestión del Riesgo habría incurrido en irregularidades con la contratación de un supuesto proyecto de difusión del riesgo relacionado con la COP16 por 46 millones de pesos.

Otro contrato, de 69 millones de pesos, evidenciaría irregularidades en la compra de uniformes y dotación para el personal administrativo.

Para Erazo, la revelación más grave del informe tiene que ver con la exoneración expresa de impuestos, tasas y contribuciones, incluidas estampillas, para los contratos y convenios suscritos desde el 17 de septiembre de 2024 y hasta un mes después de esta fecha, decisión que fue aprobada por el Concejo de Cali.

“La Contraloría de Cali reveló que en más de 100 contratos firmados posterior al 17 de septiembre que suman más de 17 mil millones de pesos, el alcalde desconoció completamente este acto administrativo, haciendo que el Distrito recaudara y exigiera pagos que no correspondían ni debían existir según el marco legal aprobado", expresó la cabildante.