Reforma pensional enfrenta un nuevo obstáculo a su paso por la Corte Constitucional, hay expectativa

La reforma pensional enfrenta un nuevo obstáculo a su paso por la Corte Constitucional, tras el impedimento solicitado por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien argumenta su participación en la tramitación de la ley cuando era secretario general del Senado.

El funcionario le solicitó al alto tribunal que lo declare impedido para rendir concepto en el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional.

En su escrito, Eljach argumenta que, en su anterior rol como secretario general del Senado, participó en la tramitación del proyecto de ley, lo que podría comprometer su imparcialidad en el actual proceso.

De igual forma, señaló que, según los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991, una causal de impedimento es haber intervenido en la expedición de la disposición acusada.

Aunque estas causales están diseñadas para los magistrados de la Corte, la jurisprudencia las ha extendido al representante del Ministerio Público, quien debe rendir concepto en los procesos de constitucionalidad, según la Carta Magna.

Expertos en derecho constitucional han expresado que si bien los conceptos de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo son valiosos, el alto tribunal posee la autonomía para tomar decisiones fundamentadas incluso sin estos aportes.

El abogado Juan Manuel Charry afirmó que “el concepto de la Procuraduría y la Defensoría es indispensable, pero la Corte, si bien lo tiene en cuenta, no es determinante”.

Esto sugiere que, aunque la ausencia del Procurador General puede generar retrasos, no compromete la capacidad del alto tribunal para emitir un fallo sobre la reforma pensional.

Adicionalmente, se conoció que Eljach emitió un concepto a la Corte en el que solicitó no considerar la demanda que permitiría a los colombianos cambiar de régimen pensional faltando diez años o menos para su jubilación.

El titular del Ministerio Público argumentó que la permanencia obligatoria en el régimen elegido no vulnera derechos fundamentales y que la demanda podría desfinanciar el sistema pensional.

“Para la Procuraduría, la disposición acusada no impide la materialización de otros derechos fundamentales surgidos de las relaciones laborales. A su vez, se reitera, tampoco limita, restringe o niega el acceso al derecho a la pensión de vejez cuando el afiliado cumpla con todos los requisitos legales, ni vulnera los derechos adquiridos de los afiliados. Ello, por cuanto el trabajador tomó libre y conscientemente y de manera informada la decisión del sistema pensional al cual quiere pertenecer”, explicó el Procurador.

Retrasos en la Corte Constitucional

La solicitud de impedimento por parte del titular del Ministerio Público se suma a retrasos anteriores en la Corte Constitucional relacionados con la reforma pensional.

A inicios de marzo, se informó que un error en la Secretaría del alto tribunal provocó un retraso de al menos 30 días en la decisión sobre la iniciativa. Tal equívoco estuvo relacionado con un impedimento no resuelto de la magistrada Diana Fajardo, quien se apartó del debate debido a su participación previa en procesos relacionados con el sistema pensional.

La solicitud de impedimento de Eljach introduce un factor de incertidumbre en un proceso ya tensionado por plazos y expectativas políticas.

De aceptarse, la Corte designaría al viceprocurador, Silvano Gómez Strauch, para emitir el concepto, lo que garantizaría continuidad, pero implicaría un traslado formal y un nuevo plazo de 30 días.

Expertos consideran que este escenario dilataría la decisión final, prevista para marzo pasado, acercándola peligrosamente al 1 de julio, fecha de entrada en vigor de la reforma.