Preocupación por ley que pone en cintura las encuestas políticas y ampliará el poder del CNE; ya pasó discusión en el Congreso

Crece la inquietud en el país por la nueva ley, aprobada ya por el Senado y la Cámara, que busca poner fuertes controles a las firmas encuestadoras en Colombia.

La iniciativa -radicada en octubre de 2024 y respaldada por senadoras como Angélica Lozano (Alianza Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Clara López (Pacto Histórico)- establece cambios sustanciales en las reglas del juego para la realización y publicación de sondeos de opinión política.

Entre los puntos más controvertidos se encuentra la restricción de medir la intención de voto presidencial. De sancionarse la ley en los próximos días, quedará prohibido publicar encuestas presidenciales desde la última semana de octubre, dado que la norma fija como limite tres meses antes del inicio de inscripción de candidaturas, que será el 31 de diciembre de 2026.

Empresas dedicadas a estos estudios afirman que no fueron consultadas durante el trámite legislativo. Además, señalan que la ley contiene conceptos ambiguos, desconocimientos técnicos y disposiciones que vulneran principios básicos de libre competencia y manejo de datos personales.

De hecho, Andrés Perdomo, gerente de nuevos negocios del Centro Nacional de Consultoría, advirtió: “Esta ley es absolutamente negativa. Hay una evidente contravención a principios básicos de intervención estatal indebida en sectores económicos, hay temas de la ley de tratamiento de datos que se vulneran, exige que las encuestadoras entreguen al CNE las bases de datos y números de teléfono en los casos de encuestas telefónicas. Les faltó poco para que pidieran los puntos GPS o ubicación de las viviendas cuando las mediciones se hacen cara a cara”.

Por su parte, Carlos Lemonine, Presidente de la junta directiva del Centro Nacional de Consultoría, relató que meses atrás los senadores le habían expresado que el proyecto al parecer estaba “embolatado”. Hoy, sin embargo, el texto paso todos los debates y está listo para su sanción presidencial.

La nueva normativa también ordena que cada vez que se publiquen resultados de encuestas, las firmas deben remitir al Consejo Nacional Electoral (CNE) todos los soportes, estadísticas, grabaciones telefónicas, preguntas y respuestas. Además, tendrán que adoptar sistemas avanzados de ciberseguridad para proteger la información recolectada.

Otro punto llamativo de la propuesta presentada por las congresistas es que, de manera obligatoria, los estudios de opinión deberán incluir muestras en todos los municipios con más de 800.000 habitantes, según datos del DANE, eliminando así la posibilidad de focalizar mediciones en ciudades específicas.

Con esta ley, el CNE se convertirá en el único órgano encargado de regular, auditar, sancionar y custodiar la información de las encuestas. No habrá espacio para apelar sus decisiones, lo que ha encendido las alarmas en el sector.

Las firmas advierten que la nueva regulación podría dejar a los ciudadanos con menos información durante las campañas, obligando a los partidos a medir a sus candidatos sin muchas herramientas.