No todo se trata de un complot (Opinión)

Por Carlos Charry, director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario.

A raíz del execrable intento de asesinato contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, emergieron en el campo de la opinión pública toda clase de teorías, las cuales revelan no solo la profunda fragmentación ideológica y política en la que se encuentra inmerso el país, sino la manera como gestionamos como sociedad las crisis que cotidianamente enfrentamos.

Grosso modo, surgieron voces que afirmaron que se trató de un crimen político, cuyo fin es el de acallar la voz y las consignas que por años ha venido abanderando Uribe. Crimen que, según tales voces, habría sido facilitado por la omisión de los que hoy detentan las riendas del país. De la otra orilla, la teoría que se esgrimió fue la de que se trató de un intento de desestabilización orquestado por “fuerzas oscuras”, cuyo principal objetivo, más allá de eliminarlo, era el de generar las condiciones necesarias para fomentar un golpe de Estado.

En este caso, el ascenso de la espiral de desinformación en la que vivimos, obedece a que no ha habido un posicionamiento contundente de parte de las autoridades competentes, sobre quienes fueron los autores intelectuales de este atentado. No ha habido, tampoco, ningún grupo u organización armada ilegal que se lo adjudique.

Sin embargo, resulta inquietante que, para muchos de los adeptos al gobierno, la vehemencia de sus opositores son producto de una especie de realidad paralela, creada por lo que ellos denominan como los “grandes medios”, los cuales están manipulando la mente de las personas, cuestionando la idoneidad de estos, como la benevolencia con la que, según ellos, se trató a los gobiernos anteriores.

Pero los hechos son tozudos. La situación de seguridad del país se ha deteriorado. No es posible rehuir al hecho que más de 50.000 personas fueron desplazadas en el Catatumbo, donde fallecieron decenas de colombianos. No es posible desconocer los paros armados decretados por grupos armados ilegales en el Chocó, o que cada semana se vienen presentando todo tipo de atentados en diferentes municipios del departamento del Cauca, como tampoco es posible ocultar que Cali vivió una jornada de horror con tres atentados terroristas.

No, no es posible eludir que en los últimos años ha habido un incremento en el número de menores instrumentalizados por organizaciones criminales, que el número de líderes sociales asesinados no ha disminuido significativamente, que más de 57 personas han sido víctimas de violencia política en los últimos tres meses, como no es posible desconocer que cientos de miles de colombianos, en más de 30 ciudades del país, marcharon vestidos de blanco reclamando paz y justicia en el caso de Miguel Uribe, como también exigiendo una reacción más afectiva por parte de las autoridades. Y lo hacen con vehemencia no por quien gobierna, sino porque lo que ocurrió indigna y porque los que gobiernan son quienes están llamados a dar garantías.

Y no, no es una invención reconocer que mientras todo esto pasa, las marchas convocadas por los adeptos a las causas del Gobierno pierden motivación y fuerza, como el hecho de que la popularidad del Presidente no logró salir del 33-35 % que en promedio le han dado -desde hace más de 24 meses- la mayoría de las encuestas, siendo esta, paradójicamente, la misma popularidad con la que terminó el gobierno de Iván Duque.