Armando Benedetti, ministro del Interior, critica al Registrador tras decisión de la consulta popular: “Se está equivocando”

En la mañana de este martes, 17 de junio, el registrador Hernán Penagos, anunció que elevará una solicitud de concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que se pronuncie de fondo sobre la consulta popular, por lo que no iniciarán la consulta popular.

“Debe quedar claro que ni el registrador nacional ni la Registraduría Nacional tienen superior funcional en la Constitución Política”, afirmó el funcionario.

De esta manera, anunció que va a esperar que las altas cortes den la autorización de la legalidad para convocar a las urnas por la consulta popular tras el ‘decretazo’ del presidente Gustavo Petro.

“Es deber de los servidores públicos respetar el principio de la separación de poderes. Lo prudente es esperar una decisión de las altas cortes. Los jueces deben ser los que en últimas le digan a la Registraduría si se avanza o no con la consulta popular y le den luz constitucional al país”, puntualizó Penagos.

Frente a esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó una fuerte crítica contra Penagos, por no avanzar en la publicación del calendario electoral correspondiente a la consulta popular impulsada por el Gobierno.

“No está acatando el decreto para convocar. Él es un operador logístico por así decirlo y no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el Gobierno”, afirmó Benedetti a medios nacionales.

Y añadió: “Creo que se está equivocando gravemente en eso”.

La semana pasada, el Gobierno expidió un decreto en el que convocó la consulta popular para el próximo 7 de agosto, pero varios sectores políticos le pidieron al registrador que acudiera a una excepción de inconstitucionalidad para no cumplir el decreto, pues se expidió a pesar de que el Senado había ya emitido concepto negativo a la realización de la consulta.

Penagos afirmó que, ante la controversia entre dos poderes públicos, el ejecutivo y el legislativo, debía ser la justicia la que decidiera y, por ende, solicitó concepto al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional sobre qué decisión tomar.

Por último, resaltó los riesgos de tomar una decisión a la ligera, entre los cuales destacó que se pueden presentar:

• Probablemente, surgiría un detrimento patrimonial de invertir cerca de 750 mil millones de pesos.
• Puede surgir una discusión compleja que puede dar lugar a una ruptura del orden institucional en Colombia.
• Existiría una inseguridad jurídica al ver cómo se enfrentan dos ramas del poder público.

En los próximos días, el Consejo de Estado deberá pronunciarse sobre el decreto del Gobierno que convocó la consulta, así como sobre la decisión del Senado que se opuso a su realización.

Con información de Colprensa.