Grave denuncia contra MinSalud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por millonarios contratos de sus allegados en el sector salud

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, realizó una grave denuncia pública contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien estaría usando su influencia para vincular allegados a cargos públicos, según dijo el legislador.

“Guillermo Alfonso Jaramillo convirtió el sector salud en una bolsa de empleo familiar. Su esposa Beatriz Gómez Consuegra es delegada en SuperSalud y su hijastro, Sebastián Laverde Gómez, trabaja en la Adres, y ha suscrito contratos hasta por $96 M (millones)”, escribió Forero en su cuenta de X.

El mensaje iba acompañado de varios documentos que evidenciarían las vinculaciones de personas cercanas a Jaramillo, con contratos millonarios en diferentes organismos del sector salud.

Pero esta no es la única denuncia por parte de Forero hacia Jaramillo, ya que también había señalado una supuesta irregularidad en la consulta popular que presentó el titular de la cartera de Salud, quien temporalmente cumple funciones presidenciales por la ausencia de Petro.

Forero presentó una denuncia penal por presunto abuso de función pública.

“Radicada ante @FiscaliaCol denuncia penal contra @GA_Jaramillo por abuso de función pública. El ministro radicó la nueva consulta sin tener la delegación constitucional del presidente para hacerlo. Con su improvisación y chambonería Jaramillo vició la consulta populista”, expuso en su momento el legislador del Centro Democrático.

La acción penal interpuesta por el representante del Centro Democrático se fundamenta en el artículo 428 del Código Penal, que sanciona el ejercicio de funciones públicas sin competencia legal.

Para Forero, la presentación de la consulta corresponde de forma exclusiva al Presidente de la República y no fue autorizada expresamente al Ministro delegado.

Es importante recordar que el presidente, Gustavo Petro, delegó funciones en Jaramillo a través del Decreto 0506 del 9 de mayo, debido a su agenda internacional.

Sin embargo, el decreto no menciona el artículo 104 de la Constitución, que regula la convocatoria a consulta popular, ni habilita de forma explícita esa competencia.

“El acto de delegación debe detallar cada función a ejercer. No se puede asumir que una competencia presidencial, como consultar al pueblo, se transfiere de forma automática”, explicó el exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, Andrés Briceño, al subrayar que la jurisprudencia ha establecido límites claros a las atribuciones de un ministro encargado.

Por el momento, los señalamientos tendrán que ser revisados e investigados por las autoridades correspondientes, en un nuevo hecho controversial que envuelve a los funcionarios del gobierno Petro.