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Fiscalía inspeccionó CNE por denuncias contra la campaña presidencial de Federico Gutiérrez
Gutiérrez fue uno de los contendientes del hoy mandatario Gustavo Petro.
La Fiscalía realizó una inspección en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral este jueves 20 de junio con el objetivo de recabar documentos sobre la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en 2022.
Aunque aún no se han confirmado mayores detalles, se sabe que la inspección se realizó con base en una información que llegó al ente investigador y que está en verificación.
Delegados de la Fiscalía Especializada Anticorrupción estarían a cargo de esta investigación para indagar en la campaña a la Presidencia de la República de Federico Gutiérrez, hoy alcalde de Medellín.
Según trascendió, la diligencia se centró en el grupo significativo de ciudadanos que inscribió la candidatura de Fico Gutiérrez, la campaña de primera vuelta presidencial y las cuentas del partido Creemos, fundado por el dirigente político antioqueño.
De acuerdo con información revelada por Blu Radio, ya se adelantan las primeras diligencias para determinar si hubo “irregularidades e ilegalidades” en la financiación de la campaña de Gutiérrez Zuluaga a la Presidencia.
El encargado de esta indagación será el fiscal Elkin Ardila Espinosa, el coordinador de la oficina de delitos electorales. Este fiscal también adelanta las investigaciones sobre los no aforados en el caso de presunta financiación ilegal de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.
Cabe recordar que, en la primera vuelta presidencial, en mayo de 2022, el entonces candidato Federico Gutiérrez, obtuvo 5.031.701 votos. Con ese apoyo, Gutiérrez y su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez, ocupó el tercer lugar, después de Gustavo Petro y el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.
El pasado 18 de abril, el Consejo de Estado, en su Sección Quinta, le quitó la personería jurídica al Partido Creemos. El alto tribunal tomó esta decisión, teniendo en cuenta que la colectividad no participó en las elecciones al Congreso, en marzo de 2022.
El fallo del Consejo de Estado precisó que la figura de la adhesión no era admisible para ser usada por los grupos significativos de ciudadanos ni para reunir los requisitos necesarios para la obtención del mencionado atributo.
