Caso Pegasus | El senador Iván Cepeda pide rigurosidad en investigación y se va contra la Procuraduría: “Haga su trabajo”

El senador Iván Cepeda envió una solicitud a la procuradora Margarita Cabello, en la que le pide mayor rigurosidad en la investigación por la supuesta compra del software Pegasus. La petición llega un día después de que el Ministerio Público asegurara que esa entidad no ha encontrado evidencias sobre esa compra.

“Me encuentro francamente sorprendido de que la procuradora no registre, ni siquiera, el hecho de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya informó a la opinión pública que se ha establecido que sí tuvo lugar la compra de esta herramienta de inteligencia. Le he pedido a la procuradora Margarita Cabello que valore esta situación con la rigurosidad que merece. En caso de comprobarse irregularidades, que determine si esto da lugar a reproche disciplinario”, señaló Cepeda.

La solicitud está sustentada en 13 hechos relevantes que han sido divulgados en la opinión pública sobre la compra de ‘Pegasus’, entre los que se destaca lo dicho por la fiscal Luz Adriana Arango, quien indicó que un documento que recibió el ente investigador da cuenta que las transacciones financieras para su adquisición ascendieron a 11 millones de dólares, así como reuniones entre altos funcionarios colombianos y el Ministerio de Defensa de Israel, y la confirmación de transacciones financieras por parte de la empresa NSO Group.

Detalles de la investigación

La procuradora, Margarita Cabello, afirmó, en las últimas horas, que esa entidad no ha encontrado evidencias sobre la supuesta compra del software espía Pegasus, por parte del gobierno del expresidente Iván Duque.

Pegasus permite interceptar celulares y monitorearlos de forma remota. Es producido por la empresa israelí NSO Technologies, la cual vende tecnología de vigilancia a gobiernos de todo el mundo.

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El software ha estado en el centro de grandes polémicas en países como España, México o El Salvador, en especial en este último, donde un laboratorio interdisciplinario con sede en la Universidad de Toronto (Canadá), encontró 35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos fueron infectados con éxito entre julio de 2020 y noviembre de 2021, por el gobierno de Nayib Bukele.

Pero Colombia no había entrado dentro de esa polémica hasta marzo de este año, cuando el periodista Gur Megiddo, del periódico israelí Haaretz, afirmó que nuestro país habría comprado el software a fines de 2021, con un pago de 13 millones de dólares en efectivo, y que esa transacción irregular involucró a la Dirección de Cooperación Internacional para la Defensa de Israel, liderada en ese momento por Yair Kulas, de quien se dice es cercano al primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu.

A esto se suman los detalles entregados por el presidente, Gustavo Petro, los cuales están consignados en un informe en poder de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con información de la empresa propietaria de Pegasus.

En este se dice que en julio o agosto de 2021, un banco israelí informó sobre un depósito de 5,5 millones de dólares en efectivo en una cuenta de NSO.

“El pago estaba relacionado con un acuerdo por 11 millones de dólares (datos similares a los que entregó el periodista israelí) firmado entre NSO Group Technologies Limited y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia para la compra de Pegasus”. Hecho que confirmaría la Fiscalía.

Otro punto a tener en cuenta es que cómo la Fiscalía vinculó esta investigación a la indagación abierta en junio por presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados y empleados de altas corporaciones de Justicia, y a través de la cual se han realizado 25 entrevistas, 12 inspecciones, cinco obtenciones de información y dos análisis forenses.

Algunos de los entrevistados son el exviceministro Jairo García Guerrero; el exdirector del Dapre, Victor Manuel Muñoz; el general Juan Diego Sepulveda; el general Carlos Iván Moreno Ojeda; el exdirector de Inteligencia, Carlos Ramón González; el director UIAF, Luis Eduardo Llinás Joaquín; y el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ibáñez.

*Con información de Colprensa.