Así habrían actuado Andrés Calle e Iván Name en el entramado de la Unidad de Gestión de Riesgos

La medida de aseguramiento adoptada por la Corte Suprema de Justicia contra el senador Iván Name y el representante a la Cámara Andrés Calle ratificó las declaraciones de varios testigos sobre el presunto cohecho para la aprobación de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.

El auto emitido por la Sala Especial de Instrucción detalló minuciosamente las fechas, los montos y las modalidades en que se habrían realizado los pagos a los legisladores, a cambio de su respaldo a los proyectos de reforma impulsados por la Casa de Nariño.

El documento de 183 páginas de la Corte señala que el acuerdo para la presunta compra de la voluntad de los congresistas se habría gestado entre septiembre de 2023 y abril de 2024.

Olmedo López y Sneyder Pinilla, entonces director y subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd, son señalados de utilizar recursos públicos de la entidad para este fin. Los proyectos de ley que buscaban el apoyo de los legisladores eran los de la reforma pensional (que se convirtió en la Ley 2381 del 16 de julio de 2024) y la de la salud.

Según el auto, Name, quien se desempeñaba entonces como presidente del Senado, habría recibido $ 3000 millones. El alto tribunal especificó que ese pago se realizó en dos entregas: una de $ 1500 millones, el 12 de octubre de 2023, y otra por la misma cantidad, el 13 de octubre del mismo año.

Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones, descrita como persona de estrecho vínculo de amistad con Name, fue la encargada de recibir el dinero.

En la primera entrega participaron Pinilla y López. En la segunda solo intervino Pinilla, de acuerdo con las investigaciones del caso.

La Corte indicó que la entrega del dinero a Ortiz se efectuó en el Hotel Tequendama Suites, de Bogotá. Posteriormente, ella se dirigió a un apartamento del edificio Bassel I, donde reside Name, y le entregó las sumas.

Calle, entonces presidente de la Cámara, presuntamente recibió $ 1000 millones de manera directa de Pinilla el 14 de octubre de 2023 en un apartamento de Montería.

La investigación determinó que el dinero entregado a los congresistas Name y Calle provenía de pagos realizados a Pinilla por un particular, Pedro Castro, en Bogotá, los días 11 y 13 de octubre de 2023.

Esos pagos, según el alto tribunal, correspondían a un préstamo que luego se canceló a Castro , en enero de 2024, como parte de un anticipo obtenido de un contrato de la Ungrd para la adquisición de carrotanques destinados al suministro de agua potable en el departamento de La Guajira.

La Corte identificó este contrato como la orden de proveeduría número SMD-GS-CTQQ-192-2023, adjudicada a Impoamericana Roger SAS, representada legalmente por Roger Pastas, pero bajo el control de Luis Eduardo López.

El auto señala que Sneyder Pinilla habría actuado bajo las órdenes de Olmedo López, quien, a su vez, aparentemente, seguía directrices de algunos altos funcionarios del Gobierno Nacional.

La Corte concluyó que “Name y Calle conocían que el dinero que se les entregaba, y del cual se apropiaban, tenía por lo menos un vínculo mediato, funcional, con el patrimonio de la Ungrd, y eran, por ende, recursos públicos, producto del desvío de los mismos, obtenidos a través del direccionamiento y manipulación contractual”.

Según la investigación, Name habría utilizado los $ 3000 millones para financiar la campaña política de su hija, María Clara, al Concejo de Bogotá, en octubre de 2023.

Calle, por su parte, presuntamente destinó los $ 1000 millones a las campañas políticas de su hermano Gabriel Calle a la Gobernación de Córdoba, y de su padre, Gabriel Alberto Calle, a la Alcaldía de Montelíbano, en las mismas elecciones.

¿Qué sigue en el proceso?

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, advirtió que los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, actualmente detenidos en la cárcel La Picota, de Bogotá, enfrentan un proceso sin posibilidad de negociación y con penas que podrían llegar hasta los 33 años de prisión.

“Este proceso se rige por la Ley 600. No hay audiencia de legalización de captura: el mismo magistrado que ordena la captura la legaliza”, explicó Bernate, quien agregó que lo que sigue es una etapa de fuerte debate probatorio, tras la cual la Fiscalía definirá si presenta acusación o solicita la preclusión de la investigación.

También recordó que el delito de peculado por apropiación tiene sanciones severas y citó como precedente las condenas impuestas en el caso de los Juegos Nacionales, donde se dictaron penas de hasta 30 años.

“No hay preacuerdos ni negociaciones. La única salida es la llamada sentencia anticipada, en la que los procesados aceptan los cargos desde la primera diligencia, lo que puede permitirles un descuento hasta del 50 %, aunque es habitual un tercio”, explicó.

El abogado también señaló que los procesados no tienen herramientas para detener el proceso, más allá de apelar la medida de aseguramiento.

Incluso, renunciar a sus cargos, como en el caso del expresidente Álvaro Uribe, no evitaría que el caso continúe.

Tras la emisión de este auto y las capturas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, se espera que el alto tribunal continúe con el proceso penal contra el exsenador y el exrepresentante a la Cámara.

El mismo avanzará hacia la etapa de juicio, donde se determinará la responsabilidad de los acusados, a menos que opten por acogerse a la opción de la sentencia anticipada.