A juicio en la Corte Suprema de Justicia los ministros del Interior y Trabajo, Benedetti y Sanguino

La Corte Suprema de Justicia asumió la competencia para llevar a juicio a los ministros del Interior y de Trabajo, Armando Benedetti y Antonio Sanguino respectivamente, por presuntos hechos de corrupción cuando se desempeñaban en cargos públicos.

El proceso penal contra el ministro Sanguino es por presunto tráfico de influencias y se remitirá a la Sala de Primera Instancia de ese tribunal debido al fuero especial que adquirió Sanguino tras ser designado en el cargo de jefe de cartera.

La Fiscalía General de la Nación imputó a Sanguino en octubre de 2024 por presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio. La investigación se basa en hechos ocurridos cuando Sanguino era concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, en la misma época de la administración del fallecido exalcalde Samuel Moreno.

De acuerdo con el ente acusador, Sanguino habría intervenido en el nombramiento de la gerente del Hospital de Usme a cambio de supuestos beneficios. La investigación también se centra en un presunto acuerdo con un contratista y el secretario de Salud de la época para repartirse porcentajes de las ganancias de los recursos destinados a la construcción del centro asistencial.

El ministro de Trabajo ha rechazado las acusaciones y ha manifestado que no existe ninguna conducta que configure un delito. “La Fiscalía pretende formular una acusación por un presunto e inexistente tráfico de influencias basado en hechos de hace 17 años. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Corte han podido construir una acusación formal”, afirmó en declaraciones a Colprensa.

Por el lado de Benedetti, el proceso lo vincula con supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos cuando era senador, en un entramado que también involucra a los excongresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías.

La investigación contra el ahora Ministro del Interior se centra en hechos ocurridos en 2016, cuando el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) habría sido utilizado como herramienta de negociación política por congresistas del Partido de la U, colectividad a la que pertenecía el hoy ministro.

Según la Sala de Instrucción, hay pruebas que indican que Benedetti habría intervenido para favorecer a la empresa Certicámara S.A. en un proceso de contratación pública. En la decisión del alto tribunal, se descartó acusarlo por interés indebido en la celebración de contratos, un cargo que había sido solicitado por la magistrada Cristina Lombana, quien lideró la investigación.

No obstante, el tribunal consideró que las pruebas eran suficientes para sostener la acusación por tráfico de influencias.

*Con información de Colprensa