Que sigan las investigaciones

Después de varios meses de no mostrar ningún progreso, por fin las investigaciones iniciadas con respecto al entramado de corrupción detectado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Ungrd, parecen avanzar.

Así lo demuestra la cascada de noticias, audios y revelaciones que se vienen conociendo desde la semana pasada y que ha terminado por involucrar a más congresistas y funcionarios del Gobierno Nacional en el escándalo que comenzó a develarse a comienzos de año, luego de que quedara en evidencia que los 40 carrotanques que esa entidad llevó a La Guajira para supuestamente mitigar la falta de agua potable en esa región del país no solamente no servían sino que habían sido adquiridos con sobrecostos por más de $ 7760 millones.

En ese momento pareció claro ante la opinión pública, tras las denuncias periodísticas y las confesiones de quienes al momento del fraude eran el director y el subdirector de la Unidad, que la compra de esos vehículos habría sido un pretexto para el pago de coimas a legisladores a cambio de su apoyo a las reformas sociales del Ejecutivo.

Sin embargo, solo hasta ahora la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia parecen estar dando luces sobre la real dimensión del infame saqueo que el año pasado se hizo de los recursos que estaban destinados a atender las emergencias registradas en el país.

Y en medio de las diligencias que se están adelantando por estos días alrededor del entramado de corrupción de la Ungrd, ha salido a relucir de nuevo el nombre de uno de los funcionarios más importantes de la Casa de Nariño: Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda.

Entonces, la discusión no solo es jurídica sino también política, máxime en estos momentos, cuando el Gobierno Nacional espera que el Congreso de la República le apruebe una ley de financiamiento para intentar equilibrar el Presupuesto General de la Nación del año entrante, que claramente está desfasado, y cuando, pese al crecimiento de algunas cifras, hay sectores que siguen expresando temor sobre lo que puede venir en materia económica para Colombia en el 2025.

Ahora bien, todo se complica más cuando las revelaciones que se conocen de los procesos que se le adelantan tanto a la exconsejera presidencial para las Regiones del actual Ejecutivo, como a una exasesora de Hacienda, dan cuenta de que otros nueve congresistas también estarían involucrados en acciones que al menos se pueden calificar de dudosas, entre ellas el direccionamiento de contratos en las regiones a las que pertenecen esos legisladores, precisamente encargados de discutir los temas fiscales del Senado y la Cámara de Representantes.

Por todo ello, en lugar de escribir largos y etéreos mensajes en las redes sociales defendiendo a ultranza a su ministro, el presidente Gustavo Petro debería sumarse a las voces que están exigiendo que las investigaciones sobre todo lo que sucedió al interior de la Ungrd sean prontas y eficaces. El país se merece conocer tanto a los responsables materiales como a quienes planearon el que, sin duda, es el escándalo del año en Colombia en cuanto a corrupción se refiere.