Llamado de urgencia ante la inseguridad

La seguridad y el orden público enfrentan una grave situación en todo el país, y en esto coinciden un amplio grupo de alcaldes y gobernadores, quienes han planteado diferentes llamados al gobierno nacional solicitando ayuda. El crimen en todas sus modalidades parece organizarse más y más, mientras delitos como el secuestro y la extorsión han crecido de manera alarmante. Hasta ahora la respuesta del Gobierno Nacional se queda verdaderamente corta.

El reclamo de varios alcaldes y gobernadores coincide en un punto: el grave abandono del gobierno nacional a las regiones en materia de seguridad y la falta de canales de diálogo entre la administración central y las autoridades territoriales. No solo es muy delicada la situación del crimen y de pérdida de control territorial por parte del Estado, sino también resulta visible una falta de diálogo del gobierno nacional con las autoridades territoriales.

La inseguridad ciudadana y rural se ha convertido en la principal preocupación de los colombianos. Según estadísticas del Dane, en apenas un año la percepción de inseguridad ha aumentado en un 9% y uno de cada dos colombianos se siente inseguro en su vida cotidiana. Una encuesta de Fenalco expone la preocupante situación de los comerciantes colombianos, quienes consideran que la inseguridad es su mayor preocupación. Los negocios en todo el país enfrentan la compleja realidad de las extorsiones y la amenaza de violencia, así como los atracos en establecimientos comerciales. Como siempre, son los comercios más pequeños y desprotegidos los que más están sufriendo ante este drama.

La respuesta del gobierno nacional ante la crisis de inseguridad en todas las regiones se queda realmente corta. Hasta ahora la propuesta de ‘paz total’, que busca desde una vía negociada desarticular varias estructuras ilegales, parece ser su principal apuesta en esta materia. Pero la política de seguridad nacional no puede depender casi en su totalidad del diálogo con los grupos ilegales, en la permanente espera de que en algún futuro lejano éstas decidan abandonar las armas. A la estrategia del gobierno le han sobrado incentivos y beneficios para los grupos ilegales, y le han faltado respuestas y contundencia para enfrentar a la ilegalidad.

Esto tiene una explicación de fondo que merece ser replanteada: durante los años recientes en Colombia se construyó una narrativa verdaderamente equivocada de que la seguridad era únicamente una bandera de la derecha, y que la política social podría sustituir algo tan complejo como las estrategias de seguridad ciudadana. Pero este argumento cae en un error rotundo al asumir que la única fuente de la violencia y el crimen es la pobreza, mientras numerosos estudios demuestran que el afán de acumular capitales es una de las tres razones principales de los conflictos en Colombia, junto con la pobreza y las disputas políticas. Si bien el camino del diálogo es esencial, la respuesta ante todas las formas de inseguridad debe incorporar la acción de la fuerza pública.

En medio de la grave situación de inseguridad que enfrenta el país, la alcaldesa de Bogotá ha puesto sobre la mesa una propuesta: que las ciudades tengan la capacidad de contar con policías locales, como ocurre en muchos países del mundo, y no dependan enteramente de la voluntad del gobierno nacional en materia de seguridad. Se trata de una idea que si bien genera amores y odios debe ser analizada y tenida en cuenta como una potencial respuesta ante el aumento de la criminalidad.