La causa sigue en pie

Hay esperanza de unión del país en lo primordial cuando una ciudadanía marcha masivamente y en silencio, sin ideologías, para rogar por la vida del joven senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y rechazar la violencia y discursos de odio como los que caracterizan al Presidente y a otros, cualesquiera que sean.

De corazón, muchas personas desde el 7 de junio, día del cobarde atentado, se agolpan en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, elevando oraciones y encendiendo cientos de velas, para que no se repita la historia, cuando siendo niño Miguel perdió a su madre, si sucede que su propio hijo lo pierda a él, también por balas asesinas.

Ese execrable crimen, así como los ataques terroristas de grupos armados ilegales que azotaron a Cali, Jamundí y Cauca, no son ocasionales. Son obra del brazo ahora más largo del narcotráfico y la delincuencia común, gracias a las herencias de diversos actores de la violencia en nuestra Nación, y a desastrosas decisiones de gobierno. Después de los esfuerzos por la paz, los violentos se extendieron y se empoderaron a medida que las condiciones les fueron propicias.

Con el cese de fuego bilateral y la suspensión de operaciones militares ofensivas en la llamada y descabellada ‘paz total’, en los últimos tres años se debilitaron las fuerzas armadas legítimas, al paso que los grupos organizados al margen de la ley aprovecharon para reconfigurarse y controlar vastos territorios, con lo cual se incrementó notablemente el desplazamiento, confinamiento y reclutamiento de menores.

Al tomar el Ejecutivo decisiones sin medir las consecuencias para la infancia y adolescencia, a pesar de ser obvias, se incumple el mandato constitucional de protegerles. Cualquiera sabe que al facilitarle a esos grupos su expansión, deja en sus manos a más niños y adolescentes. Según Iris Marín, defensora del Pueblo, “reportamos presencia de grupos armados en 807 municipios, lo que representa el 73 % del país”, (entrevista a El Tiempo 17/02/2025).

Los niños y adolescentes son instrumentados por esas agrupaciones armadas narcotraficantes para frenar operaciones militares, coaccionar a sus familias, servirles de carne de cañón, mulas o campaneros, adiestrarlos en explosivos y armas para cometer crímenes. Los atraen con estímulos a través de redes sociales, camuflando cuentas con contenidos que alcanzan un alto número de visualizaciones.

Es de esperar que ministerios e inteligencia del Estado estén coordinados para bloquear cuentas enmascaradas, y ofrecerles atractivos por redes, medios virtuales y emisoras, en aprendizajes, oficios y cultura, con inversión social– sin adoctrinar – para que opten por otros caminos, en lugar de ‘pagarles por no matar’ y malgastar recursos públicos.

Como lo expresó la esposa de Miguel, María Claudia Tarazona, “así como mi familia, mis hijos, y yo misma estamos atravesando momentos oscuros, miles de colombianos están sufriendo las terribles circunstancias y consecuencias de la guerra”. Llamó a sanar a Colombia y unirla para que ningún niño sufra la misma tragedia y la causa de Miguel siga en pie.

Más allá del futuro de esa joven promesa, con sus ideas y su fuerza en la lucha por la vida hasta donde le sea posible, ha logrado que los colombianos reaccionemos y comprendamos que unidos podemos exigir el cese de toda forma de violencia y el derecho a la seguridad en democracia.