Inflación: impuesto cruel

El ciudadano siente que trabaja más, pero vive peor. No es una percepción: es una realidad económica. Mientras el Gobierno celebra decretos, discursos y aumentos nominales, el costo de vida sigue subiendo en silencio. La inflación se ha convertido en el impuesto más cruel que hoy pagan los colombianos: no pasa por el Congreso, no aparece en la factura tributaria y castiga con mayor dureza a quienes menos tienen.

El aumento del salario mínimo ha sido presentado como un triunfo social. Sin embargo, cuando se decreta muy por encima de la productividad y del crecimiento de la economía termina produciendo el efecto contrario al prometido. Más costos para las empresas, menos incentivos a contratar formalmente y, como consecuencia, más informalidad y más desempleo. No es ideología: es aritmética económica básica.

Hoy Colombia tiene una informalidad laboral cercana al 55 %. No somos el país más informal de América Latina, pero seguimos atrapados en un nivel inaceptablemente alto. Lo más preocupante es que una parte significativa del empleo reciente ha sido informal, lo que refleja que el mercado laboral está absorbiendo el golpe por fuera del sistema. Cuando formalizar se vuelve más caro, el empleo no desaparece: se precariza.

A esto se suma una realidad incómoda para el Gobierno del ‘cambio’: Colombia sigue siendo el país más desigual de América Latina. El coeficiente de Gini no solo es el más alto de la región, sino que ha empeorado frente a los niveles prepandemia. La desigualdad no se corrige con discursos ni con decretos aislados. Se corrige con crecimiento sostenido, empleo formal y estabilidad de precios. Justamente lo que hoy está en riesgo.

El reciente incremento en el precio de la gasolina agrega otra capa a este problema. El combustible no solo afecta a las empresas de transporte: impacta toda la cadena productiva. Suben los costos logísticos, se encarece el transporte de alimentos, aumenta el precio del mercado y se presiona la inflación. Es un efecto dominó que termina golpeando directamente el bolsillo del ciudadano común.

Lo mismo ocurre con los costos de la energía. Hogares y empresas enfrentan tarifas más altas, lo que reduce el ingreso disponible de las familias y eleva los costos de producción. Cuando salario, combustible y energía suben al mismo tiempo, el resultado no es prosperidad compartida, sino presión inflacionaria. Y la inflación, vale repetirlo, es el impuesto más regresivo de todos.

Este contexto explica por qué la desigualdad no baja y por qué el Gini no mejora. La inflación erosiona el salario real, empuja a más personas hacia la informalidad y debilita la movilidad social. El trabajador informal gana menos, ahorra menos, se protege menos y queda atrapado en un círculo de vulnerabilidad permanente. No hay política social que compense eso.

El problema no es subir el salario mínimo, ni ajustar precios, ni corregir subsidios. El problema es hacerlo todo al tiempo, sin crecimiento, sin productividad y sin una estrategia clara para proteger el empleo formal. Gobernar no es anunciar buenas intenciones: es entender los efectos reales de las decisiones.

Al final, el ciudadano no vive de decretos ni de comunicados. Vive del salario que no alcanza, del mercado que sube y del empleo que no llega. Cuando la inflación se normaliza, la pobreza se institucionaliza. Y eso, lejos de ser cambio, es retroceso.