Expectativa por la certificación

Hace tres semanas el Departamento de Estado de EE. UU. publicó el Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, y se iniciaron las evaluaciones técnicas bilaterales que culminan en septiembre cuando la Casa Blanca decida su certificación anual de países que luchan contra el narcotráfico.

Ese informe de marzo reporta que en 2024 aumentaron las incautaciones de cocaína en el país (960 toneladas), pero también refleja el récord de 253 mil hectáreas sembradas con coca en 2023, con una capacidad de producción que crece de forma impresionante por eficiencias en producción y mayor concentración del alcaloide en las plantas. Además, preocupa la baja erradicación lograda de solo 9403 hectáreas de coca en 2024, inferior a las 20.325 hectáreas de 2023. Son cifras que abren debates sobre la eficacia de las políticas aplicadas contra la economía ilícita de la coca.

Para Colombia, el tema de la certificación tiene un impacto significativo en las relaciones con EE. UU. y en las posibilidades de ayuda económica de ese país en la lucha contra el narcotráfico. También, es una revisión de nuestro cumplimiento frente a las obligaciones internacionales asumidas en las Convenciones de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional y contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

Pero más allá de esto, la expectativa frente a la certificación debe recordarnos que la lucha contra el problema de las drogas es una prioridad nacional. El narcotráfico nos ha traído muertes, inseguridad, corrupción, afectación a la salud humana, destrucción del medio ambiente y deterioro del tejido social en muchos entornos rurales y urbanos. Su impacto negativo se ha sufrido en la institucionalidad democrática, el bienestar de la población, la economía y el desarrollo sostenible.

El caso del Catatumbo es un ejemplo actual de los efectos multidimensionales nefastos que se derivan de ese delito. Es aterradora la inseguridad de esa zona cocalera que en los últimos años superó en producción de cocaína a Putumayo y Nariño, y que según la ONU, llegó en 2023 a 43.000 hectáreas de coca. Allí la población vive en medio de los fuertes combates entre el Eln y las disidencias de las Farc por el control del territorio. Según ha informado el gobierno, finalmente hay un Plan Catatumbo para erradicar 25 mil hectáreas de coca e impulsar programas de cultivos lícitos, proyectos agroindustriales e infraestructura vial. Si este plan no se queda en pura retórica, podría haber esperanza para atender la grave crisis que allí se vive. Pero los retos se extienden a diversas zonas del Cauca y otros departamentos, incluida la frontera con Ecuador, donde las organizaciones criminales del narcotráfico asesinan, secuestran, desplazan civiles, reclutan niños y atacan a defensores de derechos humanos.

Es determinante que el Gobierno Nacional avance decididamente en las acciones de seguridad, desarrollo y derechos humanos, para enfrentar este infortunio. Los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa, Interior y demás autoridades que participen en los análisis frente a la certificación, deben evitar que este tema caiga en debates ideológicos o partidistas, y tienen el desafío de verlo como una oportunidad para identificar retos y fortalecer con eficacia y objetividad la cooperación internacional que debemos movilizar para enfrentar un fenómeno transnacional. La historia de la certificación ha servido para fortalecer la cooperación binacional tanto en capacidades de nuestras autoridades para aplicar la ley, como en desarrollo rural y social en regiones afectadas.

Colombia ha sido reconocida usualmente por su compromiso en esta lucha, excepto en 1996 y 1997 durante el gobierno Samper, cuando la administración Clinton determinó que el país no cooperaba eficazmente y se congeló la ayuda económica y militar. Ante el complejo panorama que hoy nos plantea el narcotráfico, debemos fortalecer las acciones para preservar la alianza estratégica con Estados Unidos, vital para recuperar el terreno perdido y asegurar erradicación eficaz y mayor inversión para la transición sostenible de familias rurales hacia economías lícitas. No podemos renunciar a vivir en un país sin narcotráfico, donde sean posibles el bienestar y la paz.