El montaje del siglo

Se cumplen once años de cuando el senador Iván Cepeda acusó en un debate del Senado al expresidente Álvaro Uribe de vínculo con el paramilitarismo y de este denunciar a Cepeda por manipular testigos en su contra, y ocho años de que la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenase investigar al exmandatario y exonerar al senador por los mismos hechos. Tiempo de ires y venires que condujeron al expresidente finalmente al banquillo.

El giro de la Sala de la Corte cuatro años después de la denuncia de Uribe contra Cepeda dejó al país estupefacto. El expresidente pasaba de acusador a acusado. Razones debía tener el tribunal para ordenar la investigación; este fue el sentir de muchos ciudadanos, quizá de la mayoría, mientras Uribe insistía en su inocencia. Tan insólito era todo lo que sucedía, que el expresidente no se fue del país, compareció ante la Justicia y asumió él mismo su defensa.

Durante el proceso la defensa puso de manifiesto que las 20 mil interceptaciones telefónicas a Uribe habían sido ilegales y deliberadas y no fruto de una equivocación, que los mismos peritos de la Fiscalía habían dictaminado que la grabación con dispositivos a uno de sus abogados había sido editada o mutilada, que la Fiscal del caso había sido nombrada por Montealegre (autoproclamado víctima en el caso), y que al insistir en una acusación sin pruebas libres de duda razonable, la funcionaria había violado la ley.

El sistema penal colombiano es acusatorio, pero, es deber constitucional de la Fiscalía buscar la verdad, actuar con objetividad y transparencia investigando lo que conduzca tanto a demostrar la responsabilidad del imputado como lo que lo favorezca. Prueba de ello el que dos fiscales anteriores a la actual hubiesen solicitado archivar el caso “por no tener la característica de delito” o no poderle atribuir a Uribe ser autor o determinador.

Independiente de la opinión que se tenga del expresidente, a lo largo de los 67 días de juicio fue evidente el sesgo de la Fiscal. Omitió pruebas exculpatorias, forzó las que tenía a fin de que encajaran en la hipótesis acusatoria y manipuló declaraciones del expresidente. No en vano era vox populi en el mundo judicial que actuaba más como abogada de Cepeda que como Fiscal. Corresponderá a las entidades evaluar su comportamiento disciplinario y penal.

Pero, más allá de las irregularidades probatorias alegadas y el proceder de la Fiscal, lo relevante son las pruebas aportadas contra Uribe, en especial las de los testigos. Ninguno dijo haber conocido antes al expresidente y no hubo prueba alguna de que hubiese determinado a alguien a faltar a la verdad u ordenado pagos para cambiar testimonios. Fue objetivamente desconcertante desde lo penal constatar en las audiencias, la debilidad probatoria frente a una acusación tan grave.

Lo que sí fue quedando en evidencia es que fue Cepeda quien visitó las cárceles no una, sino varias veces, para reunirse con quienes testificaron en contra del expresidente. Fue él quien logró beneficios para los testigos por interpuesta persona y quien ocultó información (de repente se le dañó el celular que contenía los chats con Monsalve, sin prueba del daño o examen pericial) y la Fiscal ni se inmutó. Pero es Uribe quien está siendo juzgado.

Independiente de si se es de izquierda, centro o derecha, uribista o antiuribista, se dificulta concluir algo distinto a que hemos estado ante un montaje político y judicial. Si la presunción de inocencia prevalece, si el fallo se circunscribe a las pruebas aportadas y examinadas legalmente, y si la justicia actúa en derecho como el país confía, Álvaro Uribe debe ser absuelto este 28 de julio. Y en razón a lo develado durante el juicio y nuevos hechos probatorios, Iván Cepeda tiene mucho que explicarle al país y a la justicia.