El juicio contra la seguridad democrática

En breve, el país conocerá el fallo del juicio contra Álvaro Uribe Vélez. No se trata solamente de un juicio contra una persona por soborno a testigos y fraude procesal, sino de un juicio eminentemente político contra el baluarte de la seguridad, la democracia y la institucionalidad.

El origen de todo no es más que el interés de varios sectores de izquierda por acabar política y moralmente a Uribe, destruir su legado y manipular a la opinión pública para que esta no le sea favorable a sus ideas y a su partido.

El génesis de esta situación se remonta a 2012, cuando Iván Cepeda acusó al expresidente de tener vínculos con el paramilitarismo y, a su vez, este último lo acusó de manipulación de testigos. De hecho, varios congresistas —entre ellos Cepeda— recorrieron las cárceles del país buscando testimonios en contra del expresidente. Cepeda lo hizo amparado en su calidad de congresista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y de la Comisión de Paz.

Ante la denuncia por paramilitarismo, el expresidente, a través de su equipo, recabó información sobre las visitas, lo que concluyó en una denuncia penal contra Cepeda por supuestos ofrecimientos de beneficios y manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación e indicó que Cepeda no actuó de manera ilegal.

No obstante, de la noche a la mañana, Uribe, quien era el denunciante y simplemente se defendía del maltrato a su honra, imagen y buen nombre, terminó imputado y en juicio. La Corte Suprema de Justicia, en un giro insólito, abrió una investigación contra el expresidente, lo que implicó la necesidad de renunciar a su fuero y cambiar de juez por falta de garantías, situación que, al parecer, volvió a repetirse.

La realidad es que el proceso no tiene más que un solo objetivo: el desprestigio del proyecto político y de lo que representa Álvaro Uribe Vélez. La extrema izquierda, para apoderarse definitivamente del Estado —con la complacencia de algunos grupos políticos—, pretende cazar a quien representa la fortaleza y la resistencia institucional frente a los grupos terroristas y el socialismo totalitario.

Uribe terminó denunciado y en juicio no por paramilitarismo, como inicialmente pretendía Cepeda, sino por supuestos ofrecimientos indebidos y manipulación de testigos, cuando es claro que solamente buscaba verificaciones y pedía que todos dijeran la verdad.

En este asunto, y dentro del mismo proceso, existen testimonios en los que varios condenados han indicado que fueron visitados por Cepeda y que se les ofrecieron beneficios de tipo jurídico, protección, evitar traslados e incluso asilo político.

Este caso no es más que una persecución política, resultado de la estrategia de anulación de la personalidad usada por varios sectores de izquierda, con la hipocresía e ingratitud de diversos sectores y personajes del país, incluso de aquellos que ocuparon altos cargos del Estado bajo la sombra del expresidente.

Solo resta decir que, aun cuando es claro que el país está cansado del mal gobierno y de la condescendencia del petrismo con los grupos al margen de la ley, un fallo condenatorio en este juicio afectará enormemente la percepción política y los resultados de las próximas elecciones.