Inseguridad total

El estado de la ‘Política de Paz Total’ es crítico. Fracasó por las cifras en rojo en materia de seguridad en al menos una decena de departamentos, entre ellos Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que le da contexto a uno de los reversazos más sonados del gobierno Petro: el regreso de los bombardeos.

Las estructuras criminales que hoy el Gobierno dice enfrentar con mayor decisión y que son las principales responsables del reclutamiento de menores encontraron durante más de tres años de la presidencia de Petro un camino abierto para seguir expandiéndose y fortaleciendo su control en los territorios y en las economías ilícitas, al amparo de los ceses de fuego concebidos para desescalar la violencia, pero pactados antes de exigir avances concretos de paz en las mesas de diálogo.

Es afrentosa la situación de criminalidad y de orden público en algunas de las principales ciudades capitales del país. Hay dificultades para los alcaldes poder garantizar la seguridad de los habitantes de sus ciudades. Los actos de terrorismo confirman que Colombia enfrenta una amenaza que no distingue entre fronteras rurales y urbanas y entre militares y civiles.

El 60 % de la criminalidad se concentra en los principales centros urbanos. Ha habido un repunte en las cifras de homicidios entre el 2024 y el 2025, cerca del 4 % a nivel nacional. En Cali el incremento es de 7,78 %. A lo anterior hay que sumarle las acciones terroristas cometidas en ciudades como la capital del Valle del Cauca.

Frente a la situación de la seguridad en las ciudades, preocupa el terrorismo y el aumento del crimen organizado. La presencia del ELN, las disidencias y el ‘Clan del Golfo’ viene creciendo desde el 2022. Tres años en el que se ha visto un aumento de las capacidades de los grupos armados ilegales mientras se presenta una reducción de las capacidades de la Fuerza Pública.

El ELN está aprovechando los espacios abiertos por los ceses de fuego y por la voluntad política de diálogo. Su ofensiva pone en riesgo la credibilidad de un proceso que permanece en un limbo. El gobierno de Petro no puede permitir que la expectativa de la paz se convierta en pretexto para la expansión violenta de un grupo que no ha tenido gestos de paz.

En las últimas semanas se han intensificado los ataques de los grupos armados ilegales. El país ha enfrentado una secuencia de cobardes atentados y demostraciones de fuerza por parte de dichos grupos criminales que evidencian no solo que quieren mostrar vigencia, sino su determinación de ganar más terreno. La preocupación ya no está solo en las zonas rurales históricamente maltratadas, sino que varios de estos hechos condenables ocurrieron en ciudades, lo que indica que estos grupos están a la ofensiva.

La paz se construye con hechos. El Gobierno debe dejar claro que el diálogo, si ha de continuar, tiene que estar acompañado de verdaderos gestos de paz que demuestren, en el caso del ELN, que no está burlándose nuevamente del Gobierno y de los colombianos El poder de los actores criminales golpea indistintamente a la Fuerza Pública y a los civiles. El deterioro del orden público en distintos territorios del país lleva a considerar que el 2025 será el año con la peor situación de orden público de este periodo presidencial.