El futuro de Colombia está en sus regiones

De acuerdo con el mandato de la Constitución Nacional, que adoptamos los constituyentes por consenso en 1991, Colombia está definida como un país de regiones con sus respectivos gobernadores departamentales y alcaldes municipales, elegidos democráticamente por voto popular para un período de cuatro años no renovables.

En dichas regiones también operan, de manera autónoma, otras instituciones del Estado como el poder judicial; varias entidades del gobierno nacional como el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, entre otras; la Policía Nacional y las diversas ramas de las Fuerzas Militares colombianas. Paralelo a ello, tienen presencia algunas empresas del sector privado o tripartitas como las Cajas de Compensación Familiar.

Esa positiva realidad, con sus fortalezas y debilidades, en las principales regiones de Colombia, obliga, tanto al gobierno nacional como a los gobiernos departamentales y municipales, a trabajar de manera conjunta y solidaria, mucho más cuando la clave está en afianzar mecanismos de diálogo social y participación de la gente en el control y seguimiento del presupuesto nacional, departamental y municipal. De esa manera, también, se pueden aprovechar positivamente las ricas diferencias naturales y las diversas expresiones socioculturales por el bien de nuestro país.

De acuerdo al mandato de la Constitución Nacional, es al Presidente de la República y a su equipo de gobierno a quienes les corresponde jugar ese papel regulador y solidario, a partir de recursos económicos que ingresan desde las regiones al gobierno nacional, para que las más privilegiadas económica y estructuralmente sirvan de motor de apoyo y estímulo al desarrollo de aquellas comunidades o regiones menos afortunadas.

Estoy seguro de que con una política de cero tolerancia con la corrupción y el despilfarro, estimulando políticas de responsabilidad social empresarial y de coordinación interinstitucional, junto con la solidaridad de la comunidad internacional, es posible lograr mejores recursos económicos y humanos en favor del desarrollo económico y social de los departamentos y municipios menos desarrollados. Disminuir las brechas y desigualdades en materia de desarrollo económico y social entre las regiones, beneficiar el desarrollo particular de cada una de ellas, lo mismo que lograr un desarrollo más equitativo y fuerte del país, con la consecuente disminución de las desigualdades económicas y sociales es una de las tareas fundamentales del actual Gobierno Nacional y que desafortunadamente poco se cumplió en el pasado.

En esa perspectiva es importante que ya exista un Plan Nacional de Desarrollo con énfasis en las regiones. Es deber del Gobierno Nacional, y de manera muy especial del nuevo director de Planeación Nacional que el presidente Petro nombre en los próximos días, lograr que tanto los gobernadores como los alcaldes diseñen sus planes de desarrollo basándose en los pilares y nortes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo.

También, en ese camino, el Presidente Petro puede respaldarse en los gobernadores y alcaldes para lograr la regionalización de la paz y la reconciliación en Colombia y así salirnos del remolino de la violencia; violencia que para lo único que ha servido, en más de sesenta años, es para tener una democracia imperfecta y muchas desigualdades sociales.