Caos en la salud

La Corte Constitucional estableció que la salud fuese un derecho fundamental por sentencia T-760, desde el 2008. Una persona que padece una enfermedad está impedida para realizar cualquier clase de actividad.

En Colombia, durante una década y media se creó un sistema de salud que cubría al 93 % de los colombianos, con una aceptación positiva de más del 60 %, según las encuestas de opinión. Como todo sistema establecido, era susceptible de mejorarlo. Existieron irregularidades y abusos que fueron detectados y corregidos.

Fue un sistema que se construyó mediante una alianza del sector público y el privado, cada uno desempeñando las labores para las cuales era más apropiado. Se logró consolidar una colaboración armónica y efectiva entre ambos sectores. Fue catalogado por los organismos internacionales como uno de los mejores servicios de salud.

El cubrimiento de los habitantes en los territorios era deficiente en salud, al igual que el cubrimiento de la educación y del orden público, debido a nuestra institucionalidad y a la negligencia estatal. No pocos de los territorios carecen de gobernabilidad, razón por la cual la autoridad ha sido sustituida por la guerrilla o los narcotraficantes. Este fue un argumento para que el actual gobierno presentase un proyecto de ley con el fin de nacionalizar la prestación de todos los servicios de salud. Dicho proyecto fue rechazado, por el Senado. Se tuvo una mala experiencia con el Seguro Social administrado por el Estado. Existen formas de solucionar el problema, sin destruir el sistema vigente.

Ante este hecho y motivado por un espíritu ideologizado, el presidente Gustavo Petro, decidió nacionalizarlo, de todas maneras, interviniendo la EPS, lo cual estaba entre sus funciones. En la actualidad más del 50 % de dichas instituciones están en manos del gobierno y son ellas las que están actualmente prestando los servicios de salud.

Una de las más exitosas, Sura, solicitó su liquidación y el Ministerio le negó su petición. Ignoró su motivación, si anteriormente había intervenido EPS con la finalidad de nacionalizar el sistema, por vía del sector Ejecutivo, a pesar de que el Legislativo lo había negado.

El ingreso de las EPS proviene de los cobros que hace el Estado, quien determina la UPC, por consiguiente, es el gobierno quien decreta el ingreso de dichas entidades. Con una intención clara, definió la UPC por una suma muy inferior a los gastos de las EPS, el porcentaje de aumento del IPC fue del 5,6 %, lo cual les impide su supervivencia económica; el gobierno las está ahogando.

Obviamente, a las IPS, o sea los hospitales y demás centros de salud, tampoco se les pueden cubrir sus acreencias originadas por la prestación de sus servicios. Es así como el actual gobierno, con el espíritu que practica, pretende nacionalizar el servicio de salud a costa del caos que actualmente viven los pacientes, quienes no pueden acceder a los medicamentos esenciales para aliviar o prevenir sus padecimientos, ni tener la atención médica adecuada y oportuna.

La Corte Suprema ordenó revisar la UPC para adecuarla a la realidad, no obstante, las entidades de salud aún no han sido convocadas.

Inadmisible que el presidente, Petro, por imponer su caprichosa voluntad, lo haga a costa de los padecimientos de sus compatriotas.