Cali: Laboratorio de un nuevo orden contrainsurgente

La propuesta de decreto para crear ‘bloques de seguridad’ en Cali, planteada por el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, trasciende el patrullaje local de particulares que operen junto a la Fuerza Pública; es la punta de lanza de una política de transformación radical de la seguridad en Colombia. Al vincular reservistas y empresas privadas, la administración no solo delega la vigilancia, sino que convierte a la ciudad en laboratorio de la ‘Doctrina Donroe’, que no es otra cosa que la adopción de un esquema ofensivo de control total del territorio de los países latinoamericanos por el gobierno de los Estados Unidos mediante la fuerza militar y el poder geoeconómico, tal como lo ha expresado el presidente Trump.

Su peligrosidad reside en el ‘blindaje judicial’. El general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa designado, propone la creación de unidades mixtas de policías y un grupo de fiscales de Unidades de Reacción Inmediata. Al integrar fiscales en estos bloques, se corre el riesgo de crear una justicia exprés subordinada a operativos de control territorial, debilitando el debido proceso y erosionando las garantías básicas de los ciudadanos.

Esto se complementa con un panóptico tecnológico sin precedentes: el ‘Plan Patriota 2.0’ de Abelardo de la Espriella busca desplegar drones e inteligencia artificial para una vigilancia digital intrusiva, difícil de auditar y con capacidad de estigmatizar cualquier forma de oposición bajo la etiqueta de “terrorismo de izquierda”, alineándose con la nueva doctrina construida por la Casa Blanca, tal como lo ha manifestado en declaraciones públicas el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

A nivel macro, el ‘Plan Patriota 2.0’ y el ‘Escudo de las Américas’ no solo buscan helicópteros, sino una guerra financiera y tecnológica. Con recompensas millonarias y la implementación de un esquema de persecución a la oposición que se base en civiles y empresas de seguridad privadas, pagadas con recursos públicos, que funjan de informantes o colaboradores para los operativos que adelantarán estas unidades de búsqueda en los territorios, aún sin criterios o parámetros claros frente a su alcance y objetivos.

Lo anterior se trata de una seguridad democrática ‘remasterizada’ que utiliza la tecnología para evitar los errores tácticos del pasado, pero que mantiene la misma esencia ideológica, ahora con mayores capacidades de control y menor posibilidad de escrutinio ciudadano.

Para dimensionar el peligro de esta propuesta, tenemos que apelar a la memoria. Los decretos que formalizaron en el pasado el apoyo civil a las Fuerzas Militares, bajo narrativas como las del ‘voto fusil’, estarían ‘reencauchando’ el fallido modelo de las Convivir, pero ahora con esteroides tecnológicos y respaldo judicial directo, ampliando su alcance y su capacidad de intervención en la vida social.

Cali y el Valle del Cauca no pueden permitirse el lujo de la amnesia. Los informes de la Comisión de la Verdad y la JEP son tajantes: la militarización de la sociedad civil y la delegación de funciones estatales a particulares han -dejado miles de víctimas. El Plan Patriota 2.0 no es progreso; es una regresión hacia modelos que militarizan la cotidianidad.

Esto no es un debate abstracto; se traduce en agentes particulares vigilando barrios populares y vecinos convertidos en informantes. Las calles y espacios de concentración de la ciudad se tornarán escenarios de sospecha permanente, donde cualquier ciudadano puede ser señalado bajo acusaciones sin fundamento por opiniones divergentes o contrarias a las del siguiente mandatario. Ese es el costo real de este modelo. Cali y el Valle necesitan seguridad, pero no a costa de militarizar la vida diaria ni de sacrificar los derechos fundamentales.