2030

Leo en las noticias que para 2030 podemos esperar más “duchazos de agua fría”, si seguimos como vamos, y no solo en sentido metafórico.

Según los expertos, en 2030 Colombia estará obligada a importar crudo, si se mantiene la demanda actual y si el país no encuentra nuevos recursos para extraer del subsuelo. Peor aún, si no desea encontrarlos, por cuenta de sesgos políticos e ideológicos más que de argumentos técnicos y económicos.

En 2030, a menos que se adjudiquen nuevos contratos y áreas para la búsqueda, se habrán acabado las reservas actuales de gas del país, es decir los 2.817 gigapiés cúbicos que Colombia tiene y que solo alcanzan para 7,2 años. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos tenemos la reserva más baja de los últimos 17 años, lo que pone en peligro la seguridad energética futura.

¿Quién gana si Colombia deja de ser autosuficiente en este recurso? Si el gas importado cuesta tres veces lo que cuesta el gas nacional, los usuarios pagaremos tarifas muy altas, habrá menos regalías, el Estado recibirá menos impuestos, y qué tal si sumamos salida de capitales o impacto en el empleo. Así que no importa quién gane (Venezuela, por ejemplo), el hecho es que los colombianos perderemos.

Muy diciente lo que le dijo el presidente de Promigás a El Tiempo: “Si debemos esperar todos los años el informe de reservas para definir si se van a asignar áreas de exploración nuevas, así no se planea un país”.

O lo que advierte el analista Ricardo Ávila, sobre las plantas de energías renovables que están en peligro de no ser construidas en La Guajira, entre otras cosas porque el incremento en bloqueos y movilizaciones ha hecho imposible avanzar en proyectos tan estratégicos para el país (la conflictividad social ha aumentado 40,7%, según la Defensoría del Pueblo).

Hay 67 contratos petroleros en trámite de terminación, justamente, por el alza de la conflictividad social y la escalada de los problemas de orden público. En lo que va de 2023, con corte a abril, se registraron ocho voladuras a oleoductos, para no hablar de los 1056 bloqueos de 2022 a la industria de hidrocarburos y los 20 atentados o voladuras a oleoductos. El sector no va bien.

Quiero creer que estamos a tiempo de enmendar la ruta y llegar a acuerdos sensatos, de demostrar que la sociedad colombiana tiene pesos y contrapesos responsables, que el diálogo puede ser más científico, técnico, factorial; que es posible elevar la seguridad jurídica y la claridad en las reglas de juego.

Cierro los periódicos y me concentro en esa línea superior y diminuta de los encabezados, donde dice que seguimos en 2023, que faltan varios años para 2030. Qué alivio... por ahora.