Gobierno de Trump niega desacato a orden judicial que prohíbe la expulsión de migrantes venezolanos

La administración del presidente Donald Trump ha rechazado las acusaciones de que ignoró una orden judicial que suspendía la deportación hacia El Salvador de presuntos pandilleros venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, legislación de 1798 que está reservada para tiempos de guerra, la cual permite arrestar y expulsar a ciudadanos de una ‘nación enemiga’.

Por ende, la medida de Trump generó un intenso debate legal y político, con implicaciones sobre los límites del poder ejecutivo y la protección de los derechos de los migrantes.

El juez federal James Boasberg emitió el sábado 15 de marzo una orden que bloqueaba temporalmente las deportaciones para evaluar la legalidad de la aplicación de la ley. En su fallo, instruyó que cualquier avión en vuelo con deportados venezolanos regresara a suelo estadounidense.

Sin embargo, el gobierno informó el domingo 16 de marzo que 250 migrantes, presuntamente vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, habían sido entregados a las autoridades de El Salvador.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió por medio de un extenso mensaje en su perfil social la postura del gobierno, afirmando que la orden del juez no tenía fundamento legal y que el traslado de los migrantes ya se había ejecutado antes de la decisión judicial.

“El Gobierno no se negó a cumplir una orden judicial. Esta, carente de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas de Tren de Aragua ya hubiesen sido expulsados del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones del Gobierno no se contradicen”, afirmó la funcionaria vía X.

Asimismo, destacó que la Corte Suprema reiteró en varias ocasiones que “los tribunales federales generalmente carecen de jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores del Presidente, (...). Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de una aeronave que transporta terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de territorio estadounidense”, concluyó en su mensaje.

Choque de poderes y dudas legales

El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en este contexto ha generado controversia, ya que históricamente ha sido aplicada en situaciones de guerra declarada. En este caso, la administración Trump sostiene que la crisis migratoria representa una “invasión”, ya sea por parte de personas que están indocumentadas, delincuentes o pandilleros.

Pero la controversia ha estado en que estas personas no serían detonantes que justifiquen esta medida extraordinaria, además de que existen otros mecanismos para expulsar a miembros de bandas ilegales.

El senador republicano Mike Rounds declaró en una entrevista con CNN que desconocía si la Casa Blanca había desobedecido la orden del juez, pero enfatizó que “el poder ejecutivo debe cumplir la ley”. Por otro lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la decisión de Trump y reveló que Estados Unidos está financiando la estadía de los deportados en El Salvador con un presupuesto de seis millones de dólares.