“Presuntos nexos de altos mandos del Ejército con alias Calarcá afectan moralmente a los soldados y tropas”: Expertos de inteligencia

“Esos generales están organizando algo con los gringos de Inteligencia y eso no es normal. Lo están haciendo a puerta cerrada. Me dice el ‘topo’ que tenemos allí que alcanzó a escuchar que desde Estados Unidos hay tres helicópteros listos para reforzar las operaciones contra ustedes”.

Los anteriores son los mensajes de chats entre integrantes de las disidencias de las Farc pertenecientes a Alexánder Díaz, más conocido como alias Calarcá Córdoba. La información les habría llegado gracias a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Y los mensajes continúan: “En la jugada. Allá en Tibú tienen a un cabo haciéndole inteligencia a usted y orientando los operativos”.

Toda esta información se conoció por un informe que reveló recientemente Noticias Caracol, en el que explicaron, de manera detallada, cómo en medio de una caravana de las disidencias de las Farc, que se realizó el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, incautaron decenas de documentos que evidencian la filtración de información reservada de entidades como la Fiscalía General, el Ejército Nacional y unidades estratégicas de Inteligencia.

En la caravana de vehículos de alta gama se transportaban alias Calarcá Córdoba; su pareja Diana Rey, conocida en el mundo delincuencial como ‘Erika’; Juan Antonio Agudelo, alias Urías Perdómo, y Erlinson Echavarría, alias Ramiro. También iban menores de edad, transportaban dinero en efectivo y armas.

Lo llamativo del caso es que después de sorprenderlos en la caravana, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, emitió un oficio en el que ordenaba la libertad de los capturados.

Las dos personas que aparecen mayormente implicadas en los archivos, que reposaban desde hace año y medio sin consecuencia alguna en las instalaciones de la Fiscalía General, son el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, jefe de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Según el informe, el general Huertas se habría reunido en varias oportunidades en Bogotá con integrantes de las disidencias de las Farc en febrero del 2024, cuando se desempeñaba como un poderoso asesor de inteligencia del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI.

El uniformado les habría propuesto crear una empresa de seguridad, fórmula que utilizarían para crear una fachada que les permitiera a los guerrilleros movilizarse en vehículos blindados y portar armamento legalmente.

En uno de los computadores incautados a ‘Calarcá’ hay correos en los que se lee: “El general dice que montemos la empresa de seguridad mitad y mitad. Que él se consigue las autorizaciones y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Dice que es una buena inversión, ya que si todos los procesos fallan, quedamos con hombres legales. Deben ser máximo 20 hombres. También me presentó a los hombres que le ayudarán a montar la empresa de seguridad”.

En esa misma comunicación sostienen que el general les habría ofrecido protección a los disidentes durante sus desplazamientos: “Nos dijo que cuando tuviéramos que movilizar a alguien, él mismo asistía para que las autoridades no desconfiaran y, si en algún retén pedían revisar los vehículos, esto no se podría hacer si él estaba presente o que debía haber una orden de algún superior”.

Para Néstor Rosanía, catedrático de conflictos armados y corresponsal de zonas de conflicto, la creación de empresas fachadas de seguridad no es algo nuevo cuando se quieren realizar procesos ilegales.

“Esto es un gran negocio que lo que demuestra es que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad tiene adentro mafias muy grandes. Todos los narcos en Colombia crean empresas de seguridad, porque es la forma más fácil de legalizar hombres y armas y poderse mover con su circulo cercano de seguridad de forma amparada. Vender licencias de empresas de seguridad ha sido un gran comodín para el narcotráfico históricamente”, indicó Rosanía.

Y añadió: “En la Superintendencia de Vigilancia hay mafias muy poderosas, que son las encargadas de vender dichos permisos y esto lo confirma lo que estamos viendo”.

Inclusive, se conoció que en el 2022 el general Huertas fue destituido del Ejército por conductas irregulares, por el entonces comandante de la institución, el general Eduardo Enrique Zapateiro.

El País se contactó con Zapateiro para conocer los motivos de esa destitución, pero dijo que prefería no dar detalles: “Todo lo dejaré en manos de Dios , para bien de la institución. Yo en mi momento hice lo que tenía que hacer. Ahora es momento de otros”.

Sobre cuál sería el papel de Wilmar Mejía, el segundo hombre mencionado en los computadores incautados, en el informe se establece que en marzo del 2024 fue designado por el presidente Gustavo Petro como miembro del consejo superior de la Universidad de Antioquia, pero su verdadero poder estaría en la Dirección Nacional de Inteligencia y sería el encargado de acercar las organizaciones criminales con la Fuerza Pública.

Según las disidencias, hubo dos reuniones en Bogotá a las que asistieron el general Huertas, Wilmar Mejía y varios militares vestidos de civil para coordinar una “especie de no agresión” entre grupos en tres partes del país: Antioquia, la región del Catatumbo y el sur del departamento de Bolívar”.

Grave impacto en las Fuerzas Militares

“Con esto que está pasando queda en entredicho la vulnerabilidad de las instituciones para evitar que ocurran infiltraciones. Esto es una prueba más de que hay mucha ligereza para tomar decisiones sobre el personal que debe trabajar en cargos sensibles de seguridad”, aseguró el general (r) Guillermo León, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de Colombia.

“He dicho muchas veces que los cargos que tienen que ver con temas de seguridad e inteligencia deben ser ocupados por personas idóneas, de reconocida trayectoria, con ejecutorias y resultados previos que avalen que los que llegan a estos cargos y responsabilidades de suma importancia para el Estado y los colombianos vayan a hacerlo de manera correcta, pulcra, sin dudas y vestigios que puedan entorpecer una tarea tan importante, como es la seguridad”, dijo León, quien llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

Un concepto similar tiene el coronel (r) Carlos Soler, quien es abogado y experto en seguridad y Derechos Humanos: “Estos hechos golpean la moral del combate y la credibilidad. Si esto es real, el dolor sería mucho porque, para llegar a los más altos grados del Ejército en la Nación de manera tan rápida , es porque algo está fallando”.

Y agregó: “Escándalos así golpean bastante, porque son quienes dan las órdenes e instrucciones a los soldados los que están envueltos en estos problemas y eso desencadena desconcierto en el mando institucional, especialmente en los subalternos”.

Para Soler, fue muy grave sacar a todos los oficiales del grado de coronel y de inteligencia de las Fuerzas Militares. “El Presidente sacó a todos, en especial a los del Ejército que quedó sin ningún general ni coronel de inteligencia. Además, se ha colocado gente en lugares estratégicos con cero experiencia. Un ejemplo de esto es la misma Dirección Nacional de Inteligencia, que fue colocada en manos de personas que no tienen la experticia necesaria. Todo esto es corrupción pura y ocasiona que la población quede sin protección”.

El general (r) Guillermo León dijo que sus análisis muestran cómo se ha debilitado la inteligencia de las Fuerzas Militares. “Esta cúpula ha tratado de avanzar y recuperar las capacidades que son fundamentales para poder neutralizar las amenazas. Sin embargo, esto requiere tiempo, esfuerzo, tecnología y recursos, pero lo que sí es claro es que la inteligencia fue afectada de tiempo atrás y se están haciendo esfuerzos para lograr recuperarla, pero aún no son suficientes”.

Otra de las partes del informe señala que se habría entregado a los disidentes de las Farc códigos de las frecuencias radiales del Ejército, todo esto con el fin de que conocieran las operaciones militares en curso.

“Esto tiene tres impactos. El primero de ellos es que se compromete la seguridad de la tropa, porque queda muy expuesta, pues por lo general esto es información reservada y que la tenga el enemigo es preocupante”, indicó Néstor Rosanía.

Para él, también se ve afectada la moral de la tropa porque el soldado raso, que es el que está en los lugares de operaciones, queda muy preocupado al ver que sus generales y comandantes están en estos negocios con la ilegalidad.

“Además, tener la ubicación de las tropas también influye en las rutas de narcotráfico, pues si los ilegales tienen localizado donde están algunas de las tropas del Ejército, las disidencias pueden construir rutas alternas para poder transportar todo lo relacionado con drogas, minería ilegal y armas. Esto no es nuevo, ya ha ocurrido en el pasado, solo está cambiando el actor y se repite la historia”, concluyó Rosanía.

Finalmente, Soler dijo que la corrupción siempre ha existido y que hay gente, como el general Huertas, que habría “cedido ante el dinero y esto ha pasado a través de la historia siempre. El pecado está en que este Gobierno desmontó la inteligencia, pero también desmontó la contrainteligencia”.