Personería de Cali pide suspender contratación del plan de alimentación para privados de la libertad; estas son las razones

Ante las presuntas inconsistencias detectadas en el proceso para contratar el servicio de alimentación de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria de Cali, la Personería Distrital pidió a la Secretaría de Seguridad y Justicia suspender el proceso contractual.

El contrato, con un valor estimado de $12.000 millones, tiene por objeto “prestar el servicio de alimentación preparada, empacada y entregada individualmente en el sitio para la población privada de la libertad”.

La alerta del Ministerio Público se originó tras las manifestaciones presentadas por uno de los proponentes y la intervención radicada en la plataforma SECOP II por la veeduría ciudadana nacional No a la Corrupción, representada por Arnulfo Molina Polo.

Esta organización pidió a los entes de control ejercer control preventivo sobre la licitación y revisar presuntas irregularidades.

Con base en esas observaciones, la Personería solicitó a la Secretaría de Seguridad y Justicia revisar nuevamente el proceso y, si es necesario, suspender la licitación para garantizar los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva que rigen la contratación pública.

El organismo recordó que su intervención busca asegurar el correcto uso de los recursos públicos y que el servicio de alimentación para la población privada de la libertad se preste con calidad, oportunidad y respeto por los derechos fundamentales de los detenidos.

La entidad anunció que continuará con un seguimiento permanente al proceso y reiteró su compromiso con la vigilancia preventiva y la defensa del interés público en el distrito.

Esta no es la primera observación al proceso. Semanas atrás, la Personería había señalado que estaba realizando una revisión exhaustiva de los términos de referencia del proceso, en aras de garantizar la selección objetiva y la imparcialidad.

Además, a finales de octubre, el veedor ciudadano Ángelo Vásquez, abogado especializado en derecho penal, denunció presuntos indicios de direccionamiento en la licitación, asegurando que los requisitos exigidos por la Secretaría serían demasiado específicos y favorecerían a un solo proponente.

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia, sin embargo, señalaron en ese momento que el proceso “no ha tenido ningún tipo de direccionamiento y ha sido totalmente transparente”.

También indicaron que esta es la primera vez que el Distrito asume directamente la contratación de los servicios de alimentación para los cerca de 2100 privados de la libertad en centros transitorios, responsabilidad que antes recaía en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).