Fiscalía pide audiencia de imputación contra general (r) Mario Montoya por 'falsos positivos'

La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencia de imputación contra el general en retiro Mario Montoya Uribe por su presunta responsabilidad en los llamados 'falsos positivos' entre 2007 y 2008.

De acuerdo con los elementos de prueba, mientras el oficial se desempeñó como comandante del Ejército Nacional, la institución emitió la directiva 300-28, la cual ordenó a todas sus unidades subalternas privilegiar como medición de los resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas y estas sobre las muertes en combate, es decir, ordenó cambiar las prioridades operacionales.

No obstante, según el fiscal “después de esa directiva, entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008 se produjeron estas ejecuciones extrajudiciales (...) El general Montoya, como está comprobado en el expediente, desconoció esta directiva”.

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Según la investigación, el General había recibido muchas quejas de manera directa e indirecta a través del inspector del Ejército o de sus delegados, sin embargo, según el ente acusador, Montoya “fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones, siguiendo con la política de premios por esas ejecuciones”.

Desde el 20 de noviembre de 2007, Montoya recibió la orden de cambiar la forma de evaluar la campaña y comunicó la nueva directiva, pero según la Fiscalía no la aplicó, es decir, siguió evaluando a los comandantes de todos los niveles del mando por la cantidad de muertes en combate reportadas.

En este orden de ideas, de manera consciente el oficial habría desobedecido la orden emitida por el Comando General de las Fuerzas Militares.

Además, supuestamente continuó presionando a los cadetes de divisiones, brigadas y batallones del Ejército para que reportaran muertos en combate y cumplieran su política de resultados operacionales, según la cual las muertes en combate eran el único criterio para evaluar la campaña.

Adicionalmente, organizó las divisiones, brigadas y batallones del Ejército en un ranking de resultados operacionales en el que el orden no fue definido por la cantidad de capturas, sino de muertes reportadas en combate.

La Fiscalía tendría elementos de prueba que demuestran que efectivamente Montoya había entregado un plan de condecoraciones, permisos y premios para quienes reportaban mayor muertes en combate, eso habría impulsado a la ejecución de las víctimas.

Según el ente acusador, quienes no reportaban bajas eran puestos bajo el escarnio de todo el Ejército durante los programas radiales y quienes por el contrario reportaban las muertes en combate, eran premiados hasta con ascensos.

La Fiscalía asegura también que el General destruyó evidencia que lo inculpaba sobre los hechos que serán imputados, donde quedaba se comprobaban sus actuaciones irregulares.

Además, el ente acusador señala que todas las víctimas habrían sido presentadas como un resultado operacional, cuando ninguna en realidad murió en combate. “Todas estas víctimas estaban o fueron colocadas en situación de indefensión o inferioridad (…) La motivación de los autores era cumplir con su política de muertos en combate y beneficiarse de los permisos, felicitaciones, cursos, condecoraciones contempladas en el plan de Moral y Bienestar definido por Mario Montoya”.

Por estos hechos Mario Montoya Uribe será imputado por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.