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En Colombia, 81 líderes sociales han sido asesinados en 2024; Cauca y Valle entre los departamentos más afectados
En lo corrido del año 81 defensores han sido asesinados en Colombia, 11 de ellos en el Valle. La tendencia no disminuye con respecto al 2023.
En lo corrido de 2024 se han cometido 81 homicidios a líderes sociales en Colombia, de acuerdo con cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, una situación que no parece mejorar. A pesar de los diálogos del Gobierno Nacional con diversos grupos armados, los defensores comunitarios continúan siendo amenazados y asesinados en todo el país, una tendencia que parece difícil de revertir.
Como en los años anteriores, Cauca continúa siendo el departamento más afectado por esta problemática con 15 hechos, cinco de los cuales se cometieron contra dirigentes indígenas. Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, aseguró que la complejidad del conflicto y tensiones entre organizaciones ilegales que tienen injerencia en la zona han contribuido a esta situación. “Los grupos armados tienen un control social importante que está ligado a los procesos comunitarios que realizan las personas y la violencia es una forma de coartarlos”, explicó.
A pesar de esta realidad, Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, indicó que existen múltiples factores que afectan en estas lamentables cifras, ya que no todos los líderes son perseguidos por los mismos actores. En el caso de los voceros de comunidades indígenas y campesinas, son expuestos a recibir ataques de guerrillas debido a que se presentan en reuniones, hablan en los medios o son convocados por entidades.
“También existen quienes defienden banderas negativas. Hay personas que están a favor de la minería ilegal o la siembra de coca, no por esto dejan de ser líderes, estos también pueden ser perseguidos porque existen tensiones, es más, algunos son amenazados y asesinados por comunidades debido a cruces de intereses y otros fallecen en riñas o enfrentamientos. No existe una sola causa para estos crímenes”, aseguró Carvajal.
Cabe recordar que en 2023 38 defensores fueron víctimas en Cauca y entre el 1 de enero y el 22 de junio de 2023, se habían presentado 19 homicidios, lo que demuestra una ligera disminución de la tendencia, sin embargo, Juana Cabezas aclaró que en la segunda mitad del año suelen aumentar los casos, por lo que no se puede asegurar que en 2024 habrá menos hechos que en el anterior.
Otro departamento afectado es Antioquía, con 13 defensores fallecidos, en el que convergen diversas problemáticas sociales entre las que se destaca el liderazgo ambiental altamente perseguido en zonas rurales por temas relacionados con la minería ilegal y el procesamiento de cocaína. “En el noreste antioqueño, frontera con Córdoba y Montes de María, hay problemas por tierras, además de enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla, por lo que algunos dirigentes que están en pro de la restitución de tierras son amenazados y asesinados”, dijo Carvajal.
El Valle, una zona con múltiples problemáticas
El Valle del Cauca también ha sido fuertemente afectado por este fenómeno, según Indepaz, 11 defensores han sido víctimas de homicidio y según los expertos esto se debe a una diversidad de factores. Para Juana Cabezas la conexión del departamento con el norte del Cauca es uno de los motivos por los cuales se presenta afectación en el sur del territorio, además “el espacio siempre ha sido un centro logístico y corredor delincuencial”.
De otro lado, el centro y norte del Valle tienen una dinámica distinta, según Iván Carvajal, en zonas como Tuluá la presencia de grupos como La Inmaculada tienen responsabilidad en actos delictivos como los ocurridos la noche del 18 de abril en el municipio, cuando el concejal, líder cívico y político, Carlos Arturo Londoño y la funcionaria de la Alcaldía y dirigente comunitaria, Clarivet Ocampo, fueron asesinados a tiros por miembros de dicha banda.
“Los líderes sociales son un problema para las organizaciones criminales que buscan amenazarlos y generarles el destierro, en algunos casos hay esa advertencia, pero en otros no hay aviso y los atentan acabando con sus vidas”, afirmó Carvajal.
A pesar de que las zonas rurales son las más perjudicadas históricamente por este tipo de violencias, una tendencia que resaltó la investigadora de Indepaz es que las áreas urbanas están siendo permeadas por hechos similares. “Sin desconocer la situación que se vive en las áreas rurales de nuestro país, hemos identificado una tendencia de aumento en las ciudades que también es preocupante y se debe al cambio en las dinámicas del conflicto”, explicó, añadiendo que los liderazgos no son seguros en ningún lugar de Colombia.
¿Cómo solucionar esta situación?
Iván Carvajal considera que las capacidades del Estado son inferiores a la magnitud de la problemática. “La Unidad Nacional de Protección, UNP, se dedicó a proteger a gente que no lo necesita como burócratas que no requieren carros blindados, mientras hay gente en los territorios que está amenazada y entre varias personas les toca compartir un chaleco, un teléfono y si están de buenas les asignan un vehículo que también les toca compartir para atender sus actividades”, añadió el especialista.
Este desbalance, según los expertos, ha hecho que no se priorice a algunos defensores que son intimidados por diferentes grupos ilegales, por lo que se debe fortalecer la UNP. Además, el Estado debe trabajar de la mano con las entidades territoriales para poder manejar rutas más seguras de protección y apoyar a los municipios con recursos que eviten la muerte de más personas.
“A veces es necesario trasladar a toda una familia de ciudad para salvar sus vidas, pero los municipios no tienen los recursos para pasajes o un hotel y mientras esperan ayuda en los territorios son asesinados”, concluyó Carvajal.
