Sectores productivos del país rechazan cambios en las tarifas y condiciones de retención del impuesto sobre la renta

El Ministerio de Hacienda dio a conocer el Decreto 0572, con el que busca ajustar las tarifas y condiciones de retención y autorretención del impuesto sobre la renta, a través de un nuevo modelo de recaudo.

Desde que la medida se hizo pública no han parado las manifestaciones de rechazo de los diferentes sectores productivos del país y analistas económicos, pues la consideran una presión financiera adicional para las empresas, que podría terminar en el deterioro de su liquidez e impactando su capacidad operativa.

Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana consideraron que “el aumento en las tarifas de autorretención y la disminución de las cuantías sobre las cuales se empieza a aplicar retención por compras, entre otras, tiene un efecto en el flujo de caja para las empresas”.

Los investigadores explicaron que, en algunos casos, esta retención anticipada lleva a que las personas paguen más de lo que realmente deben.

“Quienes terminan con un saldo a favor en cada vigencia fiscal deben incurrir en procesos adicionales para solicitar su devolución o pueden optar por no solicitarla, ya sea por la complejidad del trámite o por temor a una fiscalización. Como resultado, estos recursos permanecen en las cuentas del Estado, sin corresponder a un impuesto efectivamente causado, pues la causación está en ingresos futuros de los privados. Esta dinámica puede hacer que el mecanismo tenga efectos regresivos, afectando con mayor fuerza a quienes tienen menor capacidad de respuesta frente al sistema”, expresaron.

Agregaron que “esta presión fiscal afectará los flujos de inversión y pagos empresariales, frenando la recuperación económica”.

Henry Amorocho, docente de Economía y especialista en Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, señaló que se debe resaltar que las personas jurídicas en este momento ya están haciendo los pagos de su carga fiscal para el año fiscal (valga la redundancia) 2024 - 2025, por lo que tendrían que sumar a ese pago el monto anticipado de 2026 por vía de un anticipo de retención en la fuente.

“Esta experiencia ya la habíamos tenido cuando empezó el ministro Ocampo, que usó esta medida para cubrir el desfase que había por cuenta del déficit del fondo de combustibles y no dejó buenos resultados, porque aun el país no ha superado el problema de déficit y flujo de caja, ya que solo se soluciona parcialmente el problema de caja y deja abierto un hueco para el 2026”, afirmó.

Los gremios y empresarios

Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, la iniciativa “destruye” cualquier intento de planeación financiera empresarial, al generar incertidumbre en el sector.

“Las cajas empresariales están exhaustas, y ahora se pretende anticipar pagos correspondientes a 2026, con el único fin de satisfacer el apetito de un Gobierno que ha demostrado una gestión ineficiente del gasto público, pero una alta efectividad en el crecimiento de la burocracia”, señaló.

María Claudia Lacouture, presidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham, calificó la medida como irresponsable, pues considera que compromete la capacidad financiera de muchas compañías, para cubrir necesidades fiscales inmediatas, sin abordar los problemas estructurales del Presupuesto General de la Nación.

Agregó, que los sectores más impactados, serían gas, oro, energía eléctrica, agua, residuos y construcción.

Por su parte, el empresario Carlos Andrés Pérez, afirmó que el decreto impactará enormemente la disponibilidad de capital de trabajo de las mipymes en diversos sectores, precisamente en medio de un ciclo de desaceleración de la economía nacional.

“Es previsible que miles de empresas tengan que agotar sus cupos de crédito en el corto plazo, para poder asumir este cambio normativo inesperado y que genera enormes presiones para que se reduzcan empleos formales. Esta medida limitará las posibilidades de formalización de miles de empresas y de millones de empleos en el país”, sostuvo.