Presupuesto de Colombia 2026: sectores cuestionan desorden en las finanzas de la Nación

Duros cuestionamientos se han hecho contra el Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado por el Gobierno Nacional.

Desde los diferentes sectores afirman que la propuesta por $556,9 billones está desfinanciada, demuestra un desorden de las finanzas públicas y además trae consigo una reforma tributaria con la que se buscaría recaudar más de $26 billones.

Para Alejandro Useche, docente de Economía de la Universidad del Rosario, el presupuesto presentado envía una señal negativa tanto a los mercados locales como a los mercados internacionales.

“Lo que presentó el Gobierno significa más desorden en el manejo de las finanzas públicas y deja un interrogante fuerte sobre la manera en que el crecimiento del gasto será financiado”, dijo.

Similar apreciación dio José Manuel Retrepo, rector de la Universidad EIA, quien aseguró que el presupuesto para 2026 no solo sigue “desaforado” creciendo en gastos de funcionamiento, burocracia y personal, sino que la inversión social y productiva es la que sale a perder. “Esta última cuando se compara contra 2022 cae, mientras tanto la burocracia crece al 40 %”.

Agregó que lo peor del presupuesto es que está desfinanciado en $26 billones. “En un contexto donde se suspendió (o activo cláusula de escape) la regla fiscal y donde tendremos el déficit y la deuda en máximos históricos, qué descaro pretender una reforma tributaria cuando la deuda y el déficit no tienen límites sensatos”.

La discusión

El exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, sostuvo que en esta oportunidad el Congreso deberá ser más estratégico “para dar una discusión con responsabilidad y no caer en el juego de permitirle al Gobierno expedirlo nuevamente por decreto. Las comisiones económicas de Senado y Cámara tienen la responsabilidad de ajustar el monto del presupuesto y de mirar con lupa las variables macroeconómicas, para acotarlo a la capacidad real de la economía, asegurando así la sostenibilidad de las finanzas públicas”, recalcó.

Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, afirmó que solicitará la devolución del proyecto, ya que “no ofrece garantías para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo ni con la disciplina fiscal exigida por la Ley”.

“Están presentando un presupuesto más inflado que el anterior, hay que devolverle el PGN al Gobierno Nacional, para que ajuste el proyecto a una versión más realista, responsable y alineada con las verdaderas necesidades de la Nación”, sostuvo.

Por su parte, José Ignacio López, presidente de Anif, afirmó que las preocupaciones con este presupuesto son similares a las que se tuvieron con el de 2025. “Nos preocupa que se presente un presupuesto muy ambicioso con una presión de gasto muy importante, que puede depender en gran parte de una reforma tributaria, que a todas luces demuestra que estaríamos entrando nuevamente en una situación de desbalance fiscal muy significativo”, explicó.

Entre tanto, la senadora Angélica Lozano, manifestó que “no se puede politiquear con las finanzas públicas”.

“Las comisiones económicas tendrán hasta el 15 de agosto para devolver o no el proyecto, luego el Gobierno tendrá hasta el 30 de agosto para hacer ajustes y las comisiones tendrán hasta el 15 de septiembre para aprobar el monto”, explicó.

Enfatizó igualmente, que “los datos del texto no coinciden con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.

El Comité de la Regla Fiscal, Carf, criticó las decisiones del Gobierno, pues se modificó, en menos de un mes, el plan financiero para 2026. Esto, argumentan, “refleja serios y nuevos problemas en el proceso de planeación fiscal del país”.

“Esto exige explicaciones transparentes. Lo contrario mina la confianza en la institucionalidad, en los instrumentos de planeación fiscal y en el plan de ajuste de las finanzas públicas”, indicaron.

Otra preocupación es que la nueva estrategia fiscal pretende financiar gastos persistentes vía fuentes transitorias o inciertas. Con las modificaciones al plan financiero de 2026, el Carf estima que el faltante de recursos para cumplir con la meta de déficit fiscal de 6,2 % es de $38 billones, equivalentes a dos puntos porcentuales del PIB. Hasta hace un mes ese ajuste estaba proyectado en $33 billones.