‘Cláusula de escape’; el riesgo que implica para la economía colombiana

 En medio de la incertidumbre política y económica que enfrenta el país, una nueva propuesta del presidente Gustavo Petro encendió las críticas de los diferentes sectores.

Se trata de la solicitud que en el último consejo de ministros dio el Mandatario al ministro de Hacienda, Germán Ávila, de demandar el Presupuesto General de la Nación, PNG, que él mismo expidió por decreto, argumentando que estaría diseñado para favorecer a los más ricos del país, situación que debe ser corregida para evitar mayores desigualdades.

El PNG 2025 por $511 billones, fue expedido por decreto a finales de 2024, luego de que el Congreso se negara a aprobarlo.

Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicaron que demandar un presupuesto ya en ejecución es jurídicamente complejo y sin precedentes en la historia de Colombia. “Si la Corte Constitucional lo declara inconstitucional, se paralizaría la administración pública: no habría pagos a funcionarios, ni ejecución de programas sociales, ni funcionamiento estatal”.

Advirtieron además que la incertidumbre institucional puede tener consecuencias económicas graves: “aumento del riesgo país, devaluación de la moneda, fuga de capitales y disminución de la inversión extranjera. La estabilidad económica depende de la confianza en las reglas del juego”.

“Sin un presupuesto claro y con amenazas a la institucionalidad, la sostenibilidad fiscal se ve comprometida. Esto puede afectar la calificación crediticia del país y encarecer el acceso a financiamiento internacional”.

Alejandro Useche, economista y docente de la Universidad del Rosario, afirmó que con esta propuesta el Gobierno Nacional ha dado a entender que podría recurrir a la llamada ‘cláusula de escape’, que le podría permitir eventualmente incumplir de manera temporal la regla fiscal, que es el tope del endeudamiento para dar estabilidad a las finanzas del Estado.

 “Es absolutamente inconveniente que se evalúe la posibilidad de recurrir a este tipo de mecanismos, porque está diseñada para enfrentar crisis e imprevistos que pudieran poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, pero que en este caso se estaría usando como una disculpa para seguir endeudando a la Nación, teniendo un déficit fiscal ya bastante alto”, explicó y advirtió que el incumplimiento de la regla fiscal es enviar un mensaje negativo a inversionistas y a entidades que financian el Estado Colombiano, que de hecho ya han manifestado su preocupación por los niveles altos de deuda y “que en caso de presentarse este incumplimiento de la regla fiscal verían al Estado como un acreedor más riesgoso, lo que implicaría que se nos cerrarían las puertas a nuevas oportunidades de financiamiento, e incluso las actuales serían más costosas, por un mayor riesgo de incumplimiento”.

Un mensaje negativo

Economistas y académicos coinciden en decir que usar la figura de la ‘cláusula de escape’, enviaría un mensaje negativo a los inversionistas.

Es de resaltar que este tipo de iniciativas el Gobierno no las puede llevar a cabo por voluntad propia, sino que deben ser aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, que de hecho se reunirá el próximo lunes 9 de junio.

 Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, manifestó que “no existe ningún evento extraordinario o que comprometa la estabilidad macroeconómica que justifique activar la ‘cláusula de escape’ de la regla fiscal. Hacerlo enviaría una pésima señal a los mercados sobre el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal”.

Por su parte, Juan Diego Lobo, profesor asociado de la facultad de Economía de la Universidad EAN, dijo que no hay una razón económica para demandar el propio presupuesto, considerando que fue el mismo Gobierno Nacional quien formuló, presentó y aprobó.

“ El mensaje que le llega a los mercados con el anuncio del Presidente es que no hubo una coordinación dentro del mismo Gobierno para lograr una planeación apropiada de recursos, o que en el ejercicio de la planeación las expectativas del Presidente no eran realmente conscientes de los límites de los recursos aprobados para la vigencia actual”, manifestó.

Agregó que “los inversionistas y calificadoras de riesgo podrían abogar por subir las primas de riesgo y la sostenibilidad del gasto público quedaría en entredicho, dejando un margen muy limitado para 2026 y la próxima Administración que quede electa”.

Andrés Giraldo, docente de Economía de la Universidad Javeriana de Bogotá, recordó que “si hubo un presupuesto donde el Gobierno hizo lo que quiso fue en este y eso es lo paradójico de la solicitud del Presidente a su Ministro de Hacienda. Para mí aquí hay gato encerrado, porque dentro de poco se viene el marco fiscal de mediano plazo y ya se están ventilando alternativas para no cumplirla. El mensaje que se envía es muy confuso”.

El presupuesto de $511 billones ya fue recortado en $12 billones por decreto, y centros de análisis como Fedesarrollo sugieren que el Gobierno debería hacer un ajuste adicional de al menos $27,6 billones, para evitar un aumento del déficit que, en 2024, cerró en 6,8 % del PIB.