Tribunal aceptó demanda contra el Gobierno Petro por la situación del orden público en Arauca

En medio del conflicto armado y la alteración al orden público que desde hace un tiempo atraviesa el departamento de Arauca, una acción popular presentada por la Fundación para el Estado de derecho (FED) contra la Presidencia de la República y los ministerios de Defensa e Interior fue aceptada por el Tribunal Administrativo de Arauca.

Y es que por las acciones delictivas por parte de grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc, la demanda busca poner en evidencia la crítica situación de esta región y que se den garantías a la protección urgente a la vida de todos sus ciudadanos. Para ello, la fundación hizo una recolecta de notas periodísticas, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo e informes de la Procuraduría y Naciones Unidas.

“Los grupos al margen de la ley tienen control social y territorial del departamento. Constantemente, despliegan acciones que vulneran de forma sistemática los derechos colectivos de los habitantes. Hacen peajes ilegales, secuestros, amenazas, combates, confinamiento de trece comunidades indígenas, entre otros”, aseguró la FED en la acción legal que fue admitida el pasado martes, 24 de diciembre.

Además, el demandante señala que el Gobierno Nacional ha hecho caso omiso a los deberes constitucionales que tienen como objetivo proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos. Lo anterior se puede ver en el incumplimiento de los ceses al fuego por parte de los grupos armados que han acordado en las negociaciones de paz con el Ejecutivo y las afectaciones que al parecer la Fuerza Pública tiene para llevar a cabo sus funciones de protección a la población civil araucana.

La petición principal de la FED es que el Tribunal pueda declarar vulnerados los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes públicos en Arauca.

En ese sentido, proponen que se ejecute un plan en el que estén involucrados la Presidencia de la República, la Consejería Comisionada de Paz, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Fuerza Pública, con el fin de definir la manera en que se garantizará la protección de derechos y las libertades de los ciudadanos araucanos.

Asimismo, plantean que se cree un equipo especial que se encargará de dar la rendición de cuentas sobre las acciones que han hecho para cuidar a la población. Este estaría conformado por un representante del Ministerio de Defensa, un delegado de las Fuerzas Militares y un uniformado de la Policía Nacional.

Así las cosas, se espera que en los próximos días el Tribunal Administrativo de Arauca de inicio a una serie de audiencias para que todas las partes puedan discutir sobre las medidas y estrategias que se tomarán para frenar la azotada de violencia en el departamento.